Ignacio Prendes gana enteros para presidir los trabajos de la comisión.
Formalmente, la comisión de investigación del ‘caso Villa’ en la Junta General ya existe. Se creó ayer, después de que transcurriera el plazo habilitado sin que ningún grupo mostrara su oposición. Está ahora pendiente su constitución, comenzando por la elección de sus integrantes, algo que se resolverá con premura para que los trabajos comiencen ya a principios de la próxima semana. El promotor de la idea, Ignacio Prendes, gana enteros para ser el presidente del órgano, a propuesta de IU. El diputado de UPyD quiere evitar que la labor investigadora se eternice y para ello propone modificar las rutinas habituales y abrir el plazo de solicitud de comparecencias inmediatamente, procediendo a sustanciarlas sin necesidad de esperar a completar el farragoso trámite de petición y recepción de documentación.
Lo ajustado de los plazos explica este y otros movimientos que se desarrollan estos días en los pasillos de la Junta General. Dado que la Cámara se disuelve en marzo, dando paso a las elecciones de mayo, el margen real de maniobra de que dispone la comisión es de poco más de cuatro meses. En el Parlamento hay quien piensa que, pese a las declaraciones públicas, algunos grupos estarían más por la labor de ralentizar los trabajos que de agilizarlos. Y quien teme que ese objetivo se intente conseguir por la vía de solicitar un volumen de documentación tal que su sola recopilación y procesamiento ocuparía todo el tiempo disponible.
Para evitar esa posibilidad, UPyD plantea modificar el funcionamiento habitual de este tipo de comisiones y permitir que puedan iniciarse las comparecencias -la de José Ángel Fernández Villa está en boca de todos- sin necesidad de haber finiquitado ese trámite inicial de solicitud, recepción y análisis de la documentación. Llevada al extremo, la propuesta permitiría que las comparecencias comenzasen ya a finales de este mismo mes o bien a comienzos del próximo.
Pero antes de llegar a ese punto, de solicitar la presencia en la Junta de Villa o del expresidente del Montepío de la Minería, José Antonio Postigo, que también se acogió a la amnistía fiscal y cuya comparecencia pedirán al menos IU y PP, hay que proceder a la constitución de la comisión. La junta de portavoces de la Cámara se reúne hoy para determinar su número de integrantes, que, salvo cambio de última hora, será de dos por grupo, con excepción de UPyD, que solo tiene un diputado. A partir de ahí se abrirá un plazo breve para que cada partido ponga nombres sobre la mesa.
Prendes se perfila como presidente de la comisión, a propuesta de IU, que esgrime esa tradición no escrita que concede el cargo al promotor de la iniciativa. Su designación quedaría a expensas de que alguno de los otros grupos se opusiera. El resto de partidos baraja sus opciones. En el caso de Izquierda Unida es seguro que estará su portavoz, Aurelio Martín. El hecho de que uno de los integrantes del grupo sea Luis Álvarez Payo, buen conocedor de las comarcas mineras, le sitúa como principal candidato a ocupar el segundo puesto. En el PSOE también es probable que su portavoz, Fernando Lastra, asuma la cabecera de la representación socialista. En medios populares, aún sin nada cerrado, se juega con los nombres de Emma Ramos y José Agustín Cuervas-Mons.
Se espera, pues, un final de año agitado en la Junta General. El Gobierno regional, por su parte, observa el proceso con expectación. Su portavoz, Guillermo Martínez, consideró ayer necesaria la comparecencia en la citada comisión de Villa, después del fallido intento del martes, para que arroje luz sobre el origen de su fortuna oculta. Ratificó la «disposición total» del gabinete a colaborar para esclarecer los hechos y aseguró que en caso de que la Fiscalía Anticorrupción, que lleva la parte judicial de la investigación, requiera algún tipo de información, se le trasladará de inmediato.
(Fuente: El Comercio)
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