El Consejo de Gobierno ha aprobado esta semana un nuevo reglamento de asistencia jurídica gratuita que mejorará la financiación de este servicio público y adaptará el modelo actual al despliegue de las tecnologías de la información y la comunicación en el sistema judicial.
Esta normativa reemplaza a la vigente desde 2007 para acomodarla a la legislación aprobada en los últimos años y relacionada con el reconocimiento y extensión del derecho a la asistencia gratuita, el procedimiento administrativo común y el régimen jurídico del sector público.
Entre otras novedades, regula un turno específico para la orientación jurídica, defensa y asistencia letrada a personas víctimas de trata y terrorismo, así como a menores de edad y personas con discapacidad intelectual o enfermedad mental que sufran abusos. Al mismo tiempo, mantiene el turno destinado a mujeres víctimas de violencia de género.
El texto recoge también nuevos baremos económicos para determinar los conceptos que se abonarán por abogado o procurador y actualiza las cuantías a percibir por los colegios profesionales. En concreto, en los baremos que se contemplan para la abogacía se aumenta la cuantía por asesoramiento y asistencia inmediata a víctimas de violencia de género en las guardias de disponibilidad, hasta superar la que se paga por el servicio de guardia por asistencia a la persona detenida o presa.
En la jurisdicción penal, la cuantía por actuaciones en procedimientos con tribunal del jurado y en otros de especial complejidad pasa de 477,85 a euros.
También se incluye un nuevo baremo para procedimientos abreviados ante la Audiencia Provincial, que asciende a 301 euros, y otro por asistencia a la comparecencia de prisión o solicitud de medidas cautelares penales, que se retribuirá con 95 euros.
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