Por Pelayo Barcia, Concejal de FORO Gijón

El anuncio del gobierno municipal sobre realizar ‘informes económicos’ para las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE), en virtud de dar cumplimiento a la insuficiencia del análisis económico por el que se anuló la Ordenanza de Movilidad (OM), evidencia el profundo desconocimiento en la materia del concejal de Movilidad, quien confunde ‘recurrir’ con ‘subsanar’.

El Tribunal Supremo, en los recursos de casación, no acepta nuevas pruebas y menos unas realizadas a medida en base a la sentencia que anula la OM. Debemos recordar que en los recursos de casación solamente se revisa la interpretación del Derecho, dejando intactos los hechos (la memoria económica).

Además, este anuncio vuelve a incidir en la tergiversación constante que, en materia de movilidad, se hace desde el gobierno, que intencionadamente confunde ZBE con la OM. La OM es una norma que regula todas las formas de movilidad en un municipio y que, en el caso de Gijón, incluye las prohibiciones generales a vehículos sin distintivo. Por su parte, las ZBE son pequeñas zonas de acceso, circulación y estacionamiento regulados en supuestos concretos. Por ejemplo, la regulación de Cimavilla. Estas pueden venir reguladas dentro de la OM o no, pero no son lo mismo.

El RD 1052/2022 por el que se regulan las ZBE determina que estas tienen que estar en marcha en los municipios de más de 50.000 habitantes antes de julio de 2024, pero ninguna ley en vigor obliga a que se desarrolle una nueva OM y menos a que esta contenga prohibiciones generales como incluía la anulada.