“El Reglamento de la Junta General no contiene bulas para el Gobierno ni facultades excepcionales al Presidente para cubrir de apariencia de normalidadlas extravagancias parlamentarias del Gobierno a la deriva de Javier Fernández”

“Sanjurjo, cuya imparcialidad para dirigir los debates  está en entredicho desde el primer día,  ahora pretende transformar los Plenos en el plató de los anuncios publicitarios de un Gobierno que no respeta el Reglamento de la Cámara”

“Los diputados de FORO hemos devuelto a Sanjurjo el pendrive que contiene un documento llamado ‘Estrategia Industrial’ que nadie sabe quién y donde se aprobó, y que no cabe en los documentos previstos por el Reglamento de la Cámara”

La portavoz de la Junta General, Cristina Coto, ha denunciado que, a pesar de que el jueves comparecerá en el Pleno de la Junta General el consejero de Economía y Empleo del Gobierno del Principado para informar acerca de lo que han dado en llamar ‘Estrategia Industrial’ para Asturias, “nuestro Grupo Parlamentario nada ha sabido de la citada ‘Estrategia’ por los conductos reglamentarios, algo que se recoge en el Reglamento de la Junta General”. “Únicamente el pasado 5 de junio el Grupo Parlamentario de FORO recibió a través de un ujier del Parlamento un pendrive continente de la citada ‘Estrategia’, una informalidad -en el más amplio sentido de la palabra- derivada del hecho de que en el Reglamento de la Junta General no se contemplan las ‘Estrategias’ ni por tanto tramitación alguna de las mismas”, añade.

Coto ha destacado que los diputados de FORO han devuelto a Pedro Sanjurjo el pendrive que contiene “el citado documento llamado ‘Estrategia Industrial’ que nadie sabe por quién y donde se aprobó, y que no cabe entre los documentos previstos por el Reglamento de la Cámara”.

La portavoz considera esta “intolerable, ya que no se pueden aceptar  documentos que no existen en el Reglamento que rige esta Junta General, un Reglamento que no contiene bulas para el Gobierno ni otorga facultades excepcionales al Presidente para cubrir de apariencia de normalidad las extravagancias parlamentarias del Gobierno a la deriva de Javier Fernández”.

“Con estos trucos, en los que es cooperador necesario el Sr. Sanjurjo, y esto lo hace doblemente grave, se contradice uno de los principios que inspiran el funcionamiento de todos los Parlamentos y, por supuesto también de este, que es la orientación y el control de la acción del Gobierno”, añade.

Coto sostiene que “el formato elegido por el Gobierno es intencionado, es escapar, una vez más, al mencionado control, al impedir, por ejemplo, algo tan importante como son las comparecencias de expertos, asesores o interesados a iniciativa de los grupos parlamentarios así como que estos podamos manifestar nuestra postura a través de las propuestas de resolución”.

“Pedro Sanjurjo está colaborando con Fernández en la demolición de la institución parlamentaria avalando documentos sin firma, de autoría desconocida, de contenido inconcreto, sin valor administrativo alguno, que los ujieres reparten en mano a los diputados”, afirma Coto.

“Y no debería hacerlo, porque su imparcialidad para dirigir los debates ya está en entredicho desde el primer día,  y lo que ahora pretende es transformar los Plenos en el plató de los anuncios publicitarios de un Gobierno que no respeta el Reglamento de la Cámara”, añade.

Por otra parte, la portavoz también destacó que, “siendo el pretendido plan una actuación de naturaleza administrativa le resultaría aplicable la normativa y principios propios de la misma”. “Ahora bien, desconocemos cuales son los trámites o procedimiento seguido para su aprobación; las personas y entidades que han participado en su elaboración; la información pública a la que ha sido sometido y las entidades representativas del ámbito industrial a cuya consideración ha sido sometido; e incluso quien es el órgano del Principado que ha aprobado el mismo, al no costar referencia alguna sobre estos extremos ni en el plan remitido ni en los que han sido objeto de publicación en los diferentes medios y redes sociales”, añade.

“Por tanto, no existiendo procedimiento alguno, ni aprobación alguna por ningún órgano, ni competente ni incompetente, requisitos básicos o esenciales de toda actuación administrativa según resulta del artículo 53 de la Ley 30/1992, lo que se presenta no es posible ser objeto de consideración alguna”, concluyó.