El alcalde de Colunga defiende el proyecto de 30 viviendas públicas y niega la pérdida de bajos comerciales

El alcalde de Colunga, José Ángel Toyos, ha respondido a las críticas del Grupo Municipal Popular sobre el proyecto de vivienda pública en la unidad de ejecución UE-CL-23, asegurando que no existe ninguna pérdida de 1.000 metros cuadrados de bajos comerciales, como sostiene la oposición.

El regidor ha explicado que el convenio firmado en 2022 no establece ni una superficie concreta ni la totalidad de los bajos comerciales, sino que contempla la reversión de su uso y posesión al Ayuntamiento para fines públicos, dejando abierta la solución urbanística definitiva. En este sentido, considera que la interpretación del Partido Popular carece de base documental.

Toyos ha subrayado que el diseño actual del proyecto responde a condicionantes técnicos y urbanísticos, destacando que mantener todos los bajos como locales habría supuesto la pérdida de 13 viviendas públicas. “Se trata de una limitación derivada de la normativa urbanística del ámbito, que solo permite planta baja, primera y bajo cubierta”, ha indicado.

Asimismo, ha recordado que la actuación está vinculada a fondos europeos destinados a vivienda, lo que obliga a priorizar el uso residencial para garantizar la financiación y maximizar el número de inmuebles en régimen de alquiler asequible.

El alcalde ha señalado que una posible alternativa habría sido modificar el planeamiento urbanístico en 2022 para permitir una planta adicional, un proceso que requiere cerca de dos años de tramitación y que no fue impulsado en su momento. Además, ha indicado que cuando el actual equipo de gobierno accedió a la Alcaldía en junio de 2023, los plazos ya impedían introducir cambios en el proyecto.

En este contexto, Toyos también ha cuestionado la postura del Partido Popular, señalando que no advirtió estas limitaciones ni presentó propuestas durante su etapa de gestión, pese a que las condiciones urbanísticas de la parcela eran conocidas.

El regidor ha defendido que, desde su llegada al gobierno municipal, se ha trabajado en coordinación con el Principado para desbloquear el proyecto, tramitar la licencia y asegurar una inversión cercana a los 5 millones de euros destinada a la construcción de 30 viviendas públicas.

Finalmente, ha concluido que la actuación cumple con la legalidad urbanística, garantiza la financiación y responde al interés general, permitiendo dotar a Colunga de nuevas viviendas públicas necesarias para el concejo.