La Unión de Consumidores de Asturias denuncia a Aucalsa ante la Fiscalía por el peaje de la AP-66

La Unión de Consumidores de Asturias ha presentado una denuncia ante la Fiscalía Superior de Asturias contra la concesionaria Aucalsa por un presunto delito de estafa continuada en la autopista del Huerna (AP-66), en defensa de los usuarios de esta infraestructura.

La denuncia se sustenta en varios ejes, entre ellos el cobro de peajes bajo una prórroga de la concesión cuestionada por la Comisión Europea, el mantenimiento de tarifas durante obras que afectan a una parte significativa del trazado y el retraso en la ejecución de dichas actuaciones.

Según la organización, los usuarios han abonado más de 200 millones de euros desde octubre de 2021 al amparo de la citada prórroga.

Prórroga de la concesión y expediente europeo

La denuncia recoge que la prórroga concedida en el año 2000, que amplía la concesión hasta 2050, podría no ajustarse a la normativa comunitaria al no haberse sometido a concurso público. La Comisión Europea ha emitido un dictamen desfavorable y ha abierto un expediente de infracción al Gobierno de España.

Desde la entidad denunciante se plantea la revisión de este acto administrativo y la posible nulidad de la prórroga, lo que implicaría la devolución de las cantidades cobradas desde octubre de 2021. Asimismo, se señala que el fondo neerlandés propietario de la concesionaria podría obtener beneficios superiores a 1.500 millones de euros hasta 2050 si no se modifica la situación.

Cobro íntegro del peaje con más del 40% de la vía en obras

Otro de los aspectos señalados es el cobro íntegro del peaje pese a que más del 40% del trazado concesionado —aproximadamente 30 kilómetros de un total de 74 entre Campomanes y León— se encuentra afectado por obras en túneles y otras incidencias desde el 7 de julio de 2025.

Esta situación ha provocado reducción de carriles, cortes temporales y retenciones prolongadas. Según los datos aportados, esta circunstancia habría supuesto una facturación aproximada de 12 millones de euros en condiciones de servicio alteradas, sin reducción de tarifas ni compensaciones.

La organización recuerda como precedente una sentencia del Tribunal Supremo que consideró abusivo el cobro íntegro del peaje en la AP-9 durante las obras del Puente de Rande.

Incremento de tarifas en 2026

La denuncia también incluye la subida del 3,64% aplicada desde el 1 de enero de 2026, que elevó el precio del trayecto completo para turismos de 15,60 a 16,20 euros, en un contexto de obras y sin modificaciones en las condiciones del servicio.

Retraso en la ejecución de las obras

Las obras de mejora de la AP-66, adjudicadas en diciembre de 2022 con plazo de finalización previsto para diciembre de 2025, acumulan a fecha 17 de abril de 2026 un retraso de más de cuatro meses y continúan en ejecución.

La denuncia señala además la falta de información suficiente a los usuarios sobre las condiciones de la vía, restricciones, tiempos reales de recorrido o alternativas disponibles.

Estimación de impacto económico

De acuerdo con la intensidad media diaria de tráfico (entre 8.500 y 9.000 vehículos), la entidad estima que entre julio de 2025 y abril de 2026 se han producido entre 1,7 y 1,8 millones de trayectos afectados.

La recaudación en ese periodo se sitúa entre 27,9 y 29,6 millones de euros, de los cuales una parte proporcional —calculada en torno al 40,54% del trazado afectado— supondría un beneficio estimado de aproximadamente 11,35 millones de euros en concepto de servicio no prestado íntegramente.

Registro de afectados y actuaciones

La Unión de Consumidores de Asturias mantiene abierto un registro de afectados en su página web, en el que figuran cerca de 4.000 personas. La entidad ha anunciado que continuará con las acciones administrativas, civiles y penales que considere oportunas.

En declaraciones recogidas en la denuncia, su presidente, Dacio Alonso, señala que el caso deberá ser analizado en sede judicial y que corresponde a la Fiscalía determinar si existen indicios suficientes de responsabilidad penal en los hechos expuestos.

La Fiscalía deberá ahora estudiar la documentación presentada y decidir sobre la posible apertura de diligencias.

Portada: Dacio Alonso, presidente de la Unión de Consumidores de Asturias.