La empresa pública orienta a los afectados sobre vivienda de emergencia y alquiler asequible y pide una respuesta coordinada entre administraciones
La empresa pública Viviendas del Principado de Asturias (Vipasa) ha atendido este lunes a una familia afectada por un desahucio previsto en el barrio de Las Campas, en Oviedo, con el objetivo de analizar su situación y ofrecerle apoyo y orientación. La actuación se enmarca en el refuerzo del acompañamiento a personas en situación de vulnerabilidad y pone el foco en el papel de los servicios sociales como eje de la respuesta habitacional.
Durante el encuentro, el equipo de Vipasa informó a la familia sobre los recursos disponibles en materia de vivienda y las posibles vías de actuación en función de su situación económica y administrativa. Entre ellas, la posibilidad de solicitar una vivienda de urgencia o emergencia a través de los servicios sociales municipales, que son los competentes para su adjudicación.
Asimismo, se les trasladó que, en función de su nivel de ingresos, pueden optar a una vivienda de alquiler asequible, facilitándoles la documentación necesaria para iniciar el proceso.
La jefa de gabinete de la Consejería de Ordenación de Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Sociales, María José Miranda, subrayó el compromiso de la entidad pública con las personas afectadas por este tipo de situaciones. “Estamos acompañando y orientando a las familias en situaciones de vulnerabilidad para que puedan acceder a una vivienda asequible”, señaló.
Miranda incidió en la necesidad de una respuesta coordinada entre administraciones y en el papel central de los servicios sociales municipales, que disponen de las herramientas y competencias para intervenir en estos casos. En este sentido, apeló a la colaboración institucional para activar recursos como la vivienda de emergencia o de urgencia y dar respuesta a situaciones de especial complejidad.
La intervención de Vipasa en este caso se suma a otras actuaciones orientadas a facilitar el acceso a una vivienda digna, en un contexto en el que la coordinación entre organismos públicos resulta clave para atender a las familias en riesgo de exclusión residencial.
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