Cristina Coto: “Exigimos el cambio de la ley de Espacios Naturales de Asturias para que los titulares de los derechos afectados estén representados en sus máximos órganos decisorios”

“Javier Fernández prefiere una gestión despótica que provoca paro y despoblación al restringir todo en estos espacios, especialmente las actividades agrícolas, ganaderas y madereras”

“Expolia los derechos de los afectados sin ayudas ni inversión alguna que compensen las fuertes restricciones a su uso, en aplicación de una legislación opresora que ya fue anulada por varias sentencias judiciales”

“La gestión de estos espacios debe tener en cuenta a las personas que viven en estas zonas, conciliando la conservación con el aprovechamiento racional de los recursos tradicionales y de otros innovadores”

La presidenta de FORO, Cristina Coto, en rueda informativa ante los medios de comunicación ha anunciado la presentación de una iniciativa parlamentaria destinada a permitir la inclusión de los titulares de derechos legítimos afectados, dentro de los órganos que adoptan las decisiones en los espacios naturales protegidos. “Exigimos el cambio de la ley de Espacios Naturales de Asturias para que los titulares de los derechos afectados estén representados en sus máximos órganos decisorios”, afirmó.

“Una gran parte de la superficie asturiana, más de un 30%, está considerada espacio protegido, y ello ha dado lugar a la articulación de una normativa enormemente restrictiva en primer lugar para con los titulares de los derechos legítimos afectados y, a la vez, para con cualquier ciudadano que tenga a bien visitar o disfrutar de estos espacios naturales. En Asturias el intervencionismo llega a tal limite que en algunas ocasiones han sido los propios Tribunales quienes han anulado algunas de estas normas; por ejemplo el PRUG y el Plan de Desarrollo Sostenible del parque natural de Fuentes del Narcea, en este caso porque, además, hay abuso de autoridad, ‘ordeno y mando’ a la hora de elaborar las normas. En este caso concreto el Tribunal Supremo entendió en 2013, y esto es muy grave, que faltó la imprescindible información pública y audiencia a los ciudadanos, es decir, no se tuvo en cuenta la voz de los propietarios; que el documento no definía correctamente qué fincas entraban y cuáles no en el perímetro protegido; y que la memoria económica no era suficientemente concreta para compensar las fuertes limitaciones que se aplicaban sobre los propietarios. Es decir, estamos hablando de un verdadero afán confiscatorio, porque se priva a los titulares de sus derechos pero no se les compensa adecuadamente”, señaló Coto.

“Lo que quiero subrayar –continuó- es que el gobierno de Javier Fernández prefiere una gestión despótica que provoca paro y despoblación al restringir todo en estos espacios, especialmente las actividades agrícolas, ganaderas y madereras. Porque, además, lo que se promete a cambio son falsas ayudas que, como dijo el TS no compensa de las fuertes restricciones, se expolian los derechos de los afectados sin ayudas ni inversión alguna que compensen las fuertes restricciones a su uso, en aplicación de una legislación opresora que ya fue anulada por varias sentencias judiciales, cuando la gestión de estos espacios debe tener en cuenta a las personas que viven en estas zonas, conciliando la conservación con el aprovechamiento racional de los recursos tradicionales y de otros innovadores”.

Cristina Coto señaló que “FORO entiende que el hecho de no contar con los afectados es la causa principal de este problema, a parte de la concepción dictatorial del gobierno de Asturias, por eso hemos registrado una Proposición de Ley para que los titulares legítimos de los derechos afectados formen parte de los órganos que adoptan las decisiones en los espacios naturales protegidos porque también se les excluye. Lo que exigimos es el cambio de la ley de Espacios Naturales de Asturias para que los titulares de los derechos afectados estén representados en sus máximos órganos decisorios; en concreto se trata de modificar el artículo 33, de la Ley del Principado de Asturias 5/91, de 5 de abril -de Protección de Espacios Naturales del Principado de Asturias- cuyo párrafo 2 contempla que en las comisiones rectoras de cada parque solo están representados el Principado, los Ayuntamientos afectados y el conservador. Así pues, y en base a este articulo, en las Leyes que crean los Parques Naturales Asturianos, al configurar el máximo órgano gestor de los mismos se excluye a los ciudadanos que los habitan y a los titulares de derechos que se ven afectados por la creación de dichos parques pero que no pueden participar en la toma de decisiones”.

En este sentido, Cristina Coto puso el ejemplo del Parque Natural de Fuentes del Narcea, “pero como paradigma de una situación que se repite en el resto de los parques: existen dos órganos de gestión, la Junta y la Comisión Rectora: el órgano consultivo, la Junta del Parque, sí está integrada por un treinta por ciento de representantes de la Administración del Principado, un treinta por ciento de representantes de las Corporaciones de los Ayuntamientos de Cangas del Narcea, Degaña e Ibias, incluidas las Parroquias Rurales constituidas en estos términos municipales, un treinta por ciento de representantes de los titulares de los derechos afectados y de representantes de asociaciones profesionales y sindicatos y un diez por ciento de entidades, asociaciones y grupos que realicen actividades que en favor del Parque corresponde proteger, así como, en su caso, de la Universidad de Oviedo. Pero si vamos a la Comisión Rectora, que es el órgano con funciones claramente ejecutivas y no consultivas, ahí se integran exclusivamente  representantes del Principado y de los ayuntamientos y parroquias rurales, siendo presidente el del Parque, excluyendo a los titulares de derechos afectados”.

Así las cosas, y justamente por el significado de la citada sentencia del TS anulando el PRUG y el Plan de Desarrollo Sostenible del Parque Natural de Fuentes del Narcea, Degaña e Ibias, Cristina Coto indica que “se manifiesta la urgencia de esta reforma legal, para dar representatividad a los propietarios privados que, en el caso del Parte de Fuentes del Narcea,  aportan el 90% del total de la superficie sobre la que el mismo se asienta, lo que por cierto, ni esta ni ninguna de las consideraciones expuestas anteriormente ha sido tomada en cuenta por el Gobierno de Asturias a la hora de aprobar el reciente Instrumento de Gestión Integrado del tan citado espacio natural que ahonda aun mas en las restricciones al uso, en concreto a cualquier actividad minera”.

“Por eso –relató Cristina Coto- proponemos la modificación de apartado 2 del artículo 33 de la Ley 5/91, que FORO propone redactar de forma que, en lugar de excluir la participación de los titulares de derechos afectados en las Comisiones Rectoras, expresamente los incluya, en los siguientes términos:

‘2. Las normas de declaración de los parques regularán el régimen de funcionamiento y la composición de las Comisiones rectoras en cada caso, que estarán integradas por representantes del Principado y de los Ayuntamientos afectados, así como por el conservador y los representantes de los titulares de derechos afectados’”.

Para concluir, la presidenta de FORO aseguró que “no se entiende esta exclusión en tiempos en los que se tanto se invoca la participación ciudadana, porque la gestión de estos espacios debe pasar por tener en cuenta a los habitantes de estas zonas, conciliando la conservación con el aprovechamiento racional de los recursos tradicionales y de otros innovadores”.