FORO Asturias - Pedro Leal: “Hemos solicitado al gobierno copia del informe aportado tardíamente a la Audiencia el pasado 29 de febrero, que parece arrojar nuevos y graves elementos de juicio sobre el ‘Caso Marea’”

“Estamos ante una actuación muy poco diligente en lo relativo a la obligación de colaborar con la administración de justicia, pese a tratarse de un informe determinante para conocer las posibles irregularidades y su repercusión patrimonial, y que puede dar lugar a nuevas responsabilidades políticas”

“La Resolución adoptada por el Pleno de la Junta de 26 de julio de 2013 recogía el mandato expreso a la Administración del Principado para que averiguase la realidad de las contrataciones pero el Gobierno del PSOE lo retrasó nada menos que 3 años”

Pedro Leal, diputado de FORO y portavoz de Justicia en la Junta General, hizo público esta mañana que “hemos solicitado al gobierno copia del informe aportado tardíamente a la Audiencia el pasado 29 de febrero, que parece arrojar nuevos y graves elementos de juicio sobre el ‘Caso Marea’”.

 “El Principado –recordó Leal- tuvo conocimiento de las irregularidades de su Administración en mayo de 2010, pese a lo cual no hizo nada por su parte para esclarecer y determinar el daño de esta trama de intereses con las empresas IGRAFO y APSA en el ámbito de la Consejería de Educación, y aún resta realizar una evaluación sobre los fallos en los procedimientos por parte de quienes tenían la capacidad y la responsabilidad para hacerlo”.

Para Pedro Leal “los hechos adquieren especial gravedad porque mientras se esquilmaban recursos para educación el PSOE permanecía impasible y esperó seis años para presentar este informe”..

El diputado de FORO incidió en que “ya en fecha 22 de febrero de 2013 se aprobó por unanimidad la propuesta de fiscalización de los contratos de procedimiento negociado y la contratación menor en las antiguas Consejerías de Educación y Ciencia, y de Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno durante los ejercicios 2007 a 2010, con el interés de determinar la existencia de irregularidades, pero el Gobierno desoyó esta propuesta como acostumbra con los emitidos por la Sindicatura de Cuentas”.   

Pedro Leal abundó en que “este mandato para esclarecer los hechos no fue el único, puesto que el Pleno de la Junta General del Principado de Asturias también aprobó el 9 de mayo de 2014 la propuesta de los Grupos Parlamentarios FORO, PP, IU y Mixto de solicitud a la Sindicatura de Cuentas de fiscalización respecto de los extremos contenidos en las conclusiones del dictamen de la Comisión de Investigación del ‘caso Marea’, con la intención de ejercer la labor de control político sobre todos estos desmanes, ya que el gobierno de Javier Fernández no depuraba ninguna responsabilidad”. Añadió que “ya se exigía entonces la elaboración de un informe respecto a la contratación de todo tipo con las empresas vinculadas a los empresarios Igrafo y APSA mientras el Gobierno permanecía inane y sin llevar a cabo ningún tipo de determinación de los hechos ocurridos o el daño causado al patrimonio de todos los asturianos”.

 “Además –continuó su relato el diputado de FORO- se solicitó expresamente a la Consejería de Educación que averiguase si efectivamente se habían prestado en los centros los servicios facturados. La Resolución de la Junta General del Principado de Asturias 94/IX, de 26 de julio de 2013, adoptada por el Pleno, recogía este mandato expreso a la Administración del Principado de Asturias para que averiguase la realidad de la prestación en la contratación de los expedientes referidos. Dos años después –en junio de 2015- la consejera se apresuró a satisfacer el requerimiento vinculante de la Cámara, pero el Gobierno del PSOE retrasó el informe resultante hasta el 29 de febrero de 2016, nada menos que tres años después de la Resolución”.

“¿Cómo es posible que se estuvieran pagando unas adquisiciones que nunca llegaron los colegios e institutos y se falsificasen de forma habitual las firmas de los directores y el Gobierno diese la callada por respuesta durante seis años?”, se preguntó Pedro Leal.

A juicio del diputado de FORO, “resulta verdaderamente escandaloso que el dictamen de la ‘Comisión Marea’ ya concluyese que, ‘por parte de los responsables políticos de las Consejerías involucradas se había mostrado inactividad a la hora de realizar una evaluación real a raíz de los hechos de carácter penal conocidos en el ámbito de la Administración del Principado de Asturias’, pero más escandaloso resulta que esa inactividad sea contumaz en el Gobierno socialista, que tarda 6 años en elaborar un informe imprescindible para esclarecer los desmanes de su irregular gestión”.

“Estamos ante una actuación muy poco diligente en lo relativo a la obligación de colaborar con la administración de justicia, pese a tratarse de un informe determinante para conocer las posibles irregularidades y su repercusión patrimonial, y que puede dar lugar a nuevas responsabilidades políticas”, finalizó.