Excelentísimo rector de la Universidad de Oviedo, profesores, estudiantes, señoras y señores.

Si empiezo repitiendo lo dicho en los dos años precedentes, que es un privilegio asistir a la inauguración del curso académico de la Universidad de Oviedo, no lo interpreten como el recurso fácil a una frase ajada por el uso protocolario. Participar en un acto tan simbólico, en un espacio investido con el prestigio que da el saber, el conocimiento científico, sistemático… y falible que representa la Universidad es –para cualquier responsable institucional y, por supuesto, para mí- muy gratificante. Es también una ocasión para agradecer a todos quienes hacen de la transmisión de ese saber una vocación profesional al servicio de sus conciudadanos.

Seguramente, la transmisión del conocimiento, la formación universitaria y, por extensión, la educación en general, es uno de esos territorios en los que el compromiso con el bien común es más exigente. Por un mero principio ontológico: “El hombre no es otra cosa sino lo que la educación hace de él”.

Hago mía esta máxima kantiana porque encierra en estas 14 palabras todo el universo ilustrado. El maestro alemán nos muestra la senda por la que debe discurrir la educación: la disciplina creadora de una ética cívica que nos convierta en mujeres y hombres libres y solidarios.

Aquellas palabras pronunciadas por Inmanuel Kant en el otoño de 1765 conservan toda su fortaleza en nuestros días. El sabio prusiano estaba convencido de que el ideal ilustrado sólo se lograría con el avance del saber y la racionalidad. Ahí radican los principios esenciales de la instrucción pública y universal, alejada de todo sectarismo, que convierte al ciudadano, sea cual sea su origen personal y condición social, en el centro de sus afanes.

A algunos les puede sonar a reliquias verbales pronunciar estas palabras más de dos siglos después de que lo hiciesen los padres de la Ilustración, entre ellos Jovellanos, o centuria y media más tarde de que las materializase la Institución Libre de Enseñanza en España.

Sin embargo, la preocupación, en la segunda década del siglo XXI, por el acceso a una educación de calidad, inclusiva y al servicio de los ciudadanos, empieza a tener una lamentable vigencia.

Aludo a la desigualdad.

Los largos años de crisis económica han provocado un aumento sostenido e inédito de la desigualdad en Europa: entre ciudadanos, entre Estados, entre centro y periferia; desigualdad certificada, ratificada por estadísticas fiables. Algunas lamentablemente, tal y como recoge la evolución del índice de Gini, colocan a España a la cabeza de ese indeseable pelotón.

No indagaré ahora sobre sus efectos sobre la economía, la calidad democrática o la cohesión social. En este foro, lo que procede antes que nada es dejar constancia de mi preocupación por sus efectos sobre el acceso a la universidad y a la educación en general. Y lo hago porque creo, como ustedes, que garantizar una educación de calidad, hacer que crezca en equidad, que no deje fuera del sistema a los estudiantes cuyas familias hayan sido más golpeadas por la crisis, el paro y los recortes es para un gobernante una exigencia moral.

Les pregunto a ustedes, responsables de la Universidad de Oviedo, profesores y estudiantes, si podemos permanecer extraños a esa realidad; si ese avance de la desigualdad es, en última instancia, compatible con la pervivencia de un modelo de enseñanza universitaria pública y de calidad.

Si les interpelo sobre ese asunto no es, ni por asomo, para llamar a la Universidad a la confrontación política, a pronunciarse a favor o en contra de determinada orientación económica. La historia, y la española en particular, acumula bastantes ejemplos de los indeseables resultados de la imposición de una ideología o de un credo religioso a la enseñanza universitaria.

Lo hago porque pienso que el crecimiento de la desigualdad constituye un asunto de primer orden en el ámbito universitario. Constato su existencia y digo que el modelo universitario que todos conocemos está cimentado justamente en un camino contrario: facilitar el acceso a sus enseñanzas para contribuir a acortar la brecha social, nunca para ensancharla.

Por prevención, insisto: para la Universidad, como para tantas otras cosas, nada hay mejor que la libertad. Preciso que no estoy propiciando siquiera un debate académico sobre si la desigualdad es buena o mala para el crecimiento económico. Sobre ello ya existe una amplísima bibliografía que la reciente obra de Piketty ha vuelto a avivar. Lo que propugno es algo más simple, una pregunta pública: ¿puede sobrevivir nuestro modelo universitario en un mundo de desigualdad creciente?

La Universidad de Oviedo tiene, con más de 400 años de historia, unas profundas raíces humanistas. Cuenta también con una prestigiosa facultad de Económicas. Quiero decir que yo no vengo a pontificar sobre la desigualdad. Mis opiniones pueden parecerles más o menos fundadas, pero carecen de un rango académico. Con esa cautela, sostengo que una economía no puede ser eficaz, no asegura el crecimiento ni será sostenible si no sitúa en su centro y en su clave la lucha contra la desigualdad.

Lo sostengo porque, más allá del debate académico-científico, uno intuye (admito que una intuición no es una evidencia) que si la desigualdad socava la cohesión social, si fragiliza sus sistemas políticos, también debilita la economía.

Más certeza tengo aún, en que para que un país se pueda enfrentar con éxito a una profunda recesión (y ésta lo es) necesita saberse y sentirse unido, concentrar todas sus energías en el objetivo de la recuperación, y que si hay un debate amargo que divide y mucho a una sociedad, ese es el debate territorial. Un debate que tenemos abierto en España.

Permitan que me refiera hoy, en un acto académico, a esa cuestión angular. Hablo de la intención manifiesta de romper un Estado centenario que es hoy un espacio público compartido.

Un espacio público compartido de ciudadanía configurado a partir de la Transición. Ustedes como yo habrán reparado en que hoy está de moda desdeñar la Transición. Se habla de ella como un vulgar apaño de intereses, un trampantojo para incautos. Pero un país que decidió expulsar a los moriscos, los judíos y los erasmistas porque no eran españoles; un país que exilió a ilustrados, liberales y krausistas porque su pensamiento y su ideario no era español; un país que persiguió a intelectuales, poetas y maestros de escuela porque lo que escribían o lo que enseñaban era antiespañol; en un país así, en un país con una historia y dos memorias, la democracia que la Transición impulsó ha sido capaz, y no era fácil, de definir lo que es ser español y de construir la España más de todos los españoles que haya habido nunca, y eso es lo que no debe peligrar.

Dentro de pocos días, el once de septiembre, se celebrará la Diada, el Día de Cataluña, y volverán a acelerarse los acontecimientos. No simpatizo en absoluto con los nacionalismos, aguas revueltas que mezclan sentimientos, ideales, frustraciones y deformaciones históricas, construcciones hechas a posteriori para dar consistencia a la emoción nacional y justificar la huida hacia delante. A estas alturas, no sabemos cuál será el desenlace del envite del independentismo catalán. No sabemos aún con certeza si serán capaces de obviar el Estado de derecho; si plegarán velas, siquiera sea por interés táctico; si aceptarán asumir un nuevo pacto de convivencia entre los españoles. Espero que la razón se imponga y, con ella, también el respeto a la Constitución y a las leyes. Pero créanme que éste no es sólo un asunto jurídico, es, y sobre todo, político y que la consulta no se haga no supone el final: el conflicto político seguirá ahí, inalterado, como el dinosaurio del cuento de Monterroso.

Como españoles, como demócratas y como europeístas debemos rechazar las pretensiones secesionistas, no solo porque son contrarias al signo de los tiempos, que requieren unidades políticas más amplias capaces de regular los mercados y enfrentar los desafíos de la globalización, sino también porque conducen a la desestabilización del país y a la desintegración europea. Creemos que la ruptura de una comunidad política de ciudadanos y la fragmentación de la sociedad no puede presentarse como un objetivo democrático deseable, pero también debemos ser conscientes de que, en un país en el que no se puede centralizar la identidad tampoco se puede centralizar el poder.

Que la convivencia en el territorio de varios poderes públicos igualmente democráticos, igualmente responsables, e igualmente autónomos (no independientes) es la mayor garantía de los derechos y obligaciones de ciudadanía.

Que la espina dorsal de esa ciudadanía es lo que debe mantenernos unidos a pesar de nuestras diferencias, y es más que la igualdad ante la ley y los servicios más o menos iguales en todo el territorio. Significa hacer lo imposible para reforzar la experiencia común, la historia común, los derechos y obligaciones comunes, que hacen de nosotros un espacio político compartido, una nación de ciudadanos.

Entiendo que la desigualdad y la unidad del Estado son de tal relevancia que no pueden resultar extraños en un acto tan importante como éste. Por relevantes que sean nuestras cuestiones domésticas, hay otras que las superan; de ellas también estamos obligados a hablar aquí en Asturias, una sociedad que una encuesta del CIS revela como la más integradora de todas las comunidades autónomas, en la que más se solapa (un 80%) el sentimiento de pertenencia común, la identidad compartida, ese sentirse a la vez asturiano y español.

Una vez de vuelta en Asturias, quiero reiterar el compromiso de mi gobierno con la Universidad de Oviedo. Aunque septiembre ya no es mes de exámenes universitarios, quiero rendir cuentas (sin ánimo exhaustivo) de lo hecho por el Gobierno que presido. Pese a todos los obstáculos, la Universidad y la educación son y seguirán siendo una prioridad. No sólo política, también ética. Y lo hemos afrontado en una situación presupuestaria compleja, pero atendiendo las demandas que se nos han hecho. Ahí está la aportación extraordinaria de 3,6 millones para que el cierre presupuestario de 2013 fuese menos difícil.

Es bueno recordar que en el proyecto de Ley de Presupuestos presentado para este año se elevaba la partida para la Universidad. Desgraciadamente no pude concitar el respaldo del resto de grupos parlamentarios. Sí lo conseguí (y lo agradezco) con la Ley de Crédito Extraordinario, que finalmente vio la luz esta primavera: la propuesta del Gobierno supuso aumentar el presupuesto universitario con 3,9 millones para el presente ejercicio.

Un Gobierno comprometido con la educación es también aquel que no acepta el mantra de que sobran titulados universitarios o que la Universidad es una fábrica de parados: en estos momentos la tasa de desempleo entre los titulados universitarios asturianos es de un 10%, mientras que, desgraciadamente, se eleva a un 25% el de toda la población sin un puesto de trabajo. De ahí que la apuesta por una instrucción pública inclusiva y de calidad se convierte en un compromiso ético contra la desigualdad creciente.

Ejemplo de este compromiso es una batería de decisiones adoptadas por el Gobierno del Principado, como congelar por tercer año consecutivo los precios públicos en primera matrícula en la Universidad de Oviedo; incorporar por primera vez la posibilidad de fraccionarla en tres pagos o preservar todas las convocatorias de becas.

También quiero agradecer a la comunidad universitaria sus esfuerzos por mantener la calidad del servicio público que prestan, por mejorar e intensificar la labor investigadora y por tratar de estar lo más cerca posible de la empresa, aun cuando las circunstancias actuales nos hayan hecho a todos transitar por un camino más empinado. Confío en que antes de que termine el año se pueda firmar el contrato-programa que permita dar estabilidad financiera a la Universidad de Oviedo para los próximos ejercicios.

El Gobierno del Principado ha estado y va a estar siempre al lado de la Institución para ofrecerle apoyo y para que asuma mayor protagonismo en el dinamismo económico y social.

Por ello hemos apostado por mantener y mejorar el sistema de recursos humanos vinculados a la I+D+i, destinando más de tres millones anuales a las ayudas predoctorales Severo Ochoa; hemos convocado las ayudas postdoctorales Clarín con el objeto de que muchos de los doctores que han tenido que salir al extranjero retornen a nuestros centros de investigación y esperamos que antes de que finalice el año se convoquen los doctorados industriales que permitan elaborar tesis vinculadas a un proyecto de innovación e investigación de interés para una determinada empresa. Igualmente, se acaban de aprobar 11 millones de euros para los grupos de investigación existentes en nuestra comunidad. Asturias precisa de un entorno productivo inteligente que sea capaz de propiciar un crecimiento económico sostenible, que sepa potenciar nuestro sector industrial tradicional al lado de otros innovadores. Y la Universidad está llamada a adquirir un protagonismo creciente en ese proceso.

Un protagonismo que tendrá en el nuevo Hospital Universitario Central de Asturias este mismo curso. Un centro en el que se metabolizan, permítaseme la expresión médica, dos servicios públicos esenciales en nuestro amenazado Estado de Bienestar: la sanidad y la educación públicas, universales y de calidad. El nuevo HUCA, donde la Universidad tendrá sus propios espacios docentes, mejorará sin duda la formación de todos los estudiantes de las diferentes ramas de Ciencias de la Salud.

Son todas iniciativas y objetivos para consolidar una educación universitaria de calidad, para lograr una Universidad que esté entre las mejores de nuestro país, que tenga proyección internacional y que sea un motor de cambio en la economía regional.

Piden y tienen el compromiso del Gobierno, yo les pido eficacia en la gestión, austeridad en el gasto y la elección responsable de aquellas actuaciones que tengan un carácter prioritario.

Créanme que agradezco el trabajo, la dedicación y el acierto de todos quienes forman parte de esta Institución.

Muchas gracias