El pleno de la Comisión Asturiana de Administración Local (CAAL) ha analizado hoy el proyecto de decreto con el que se pretende avanzar en la aplicación de la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local (reforma local) en Asturias. El proyecto persigue evitar disfuncionalidades que pueda originar la aplicación de la reforma local, facilitar el ejercicio de las competencias en los distintos niveles de gobierno y garantizar la continuidad en la prestación de servicios a los ciudadanos. El pleno informó favorablemente sobre el decreto con los únicos votos en contra de los ayuntamientos de Oviedo y Cangas del Narcea, y la abstención de Siero.

La reciente ley aprobada por el Gobierno de Rajoy establece que las comunidades autónomas deben elaborar informes que, en determinados casos, verifiquen que los ayuntamientos puedan seguir ejerciendo competencias que no son propias ni delegadas. El objeto central del decreto radica precisamente en regular cómo se deben realizar estos informes, que deberán determinar dos consideraciones: por un lado, acreditar que los concejos pueden soportar financieramente la asunción de las competencias, y por otro, descartar que existan duplicidades de servicios entre las administraciones municipal y autonómica.

Los informes se realizarán a petición municipal y todas las solicitudes se centralizarán en la Dirección General de Administración Local, que actuará de órgano coordinador.

El decreto también regula los convenios de colaboración entre municipios y Principado para la financiación de servicios que se prestan de manera conjunta, garantizando su continuidad y el cobro para los ayuntamientos. Se dará así continuidad en la prestación de servicios por parte de los concejos, paliando los efectos de la aplicación de la reforma.

Tras su paso por la CAAL, el texto del decreto se someterá a informe del Consejo Consultivo, paso previo a su aprobación en Consejo de Gobierno.

La CAAL, órgano creado en el año 2000 para articular la colaboración entre la Administración autonómica y las entidades locales, tiene carácter consultivo y está formada por 26 miembros, de los que trece son representantes del Principado y otros tantos de los municipios.