En ese sentido, el diputado de la formación morada, Rafael Palacios, ha considerado que el proyecto de referencia “es el mismo que ha concitado tan duras críticas, someramente maquillado con una serie de inconexas e inconcretas declaraciones de intenciones que carecen de una consistencia suficiente como para reconducir un proyecto viciado de origen”.

A juicio del parlamentario, “es increíble que la aprobación de un proyecto de seguimiento en un yacimiento arqueológico, deje en manos de la improvisación las actuaciones a desarrollar en caso de producirse hallazgos”. Además, ha explicado que los cambios introducidos “son inconsistentes y puramente cosméticos, además de extemporáneos. Se trata de un proyecto mal concebido, con un equipo redactor exclusivamente compuesto por arquitectos, sin contar con restauradores, museólogos ni arqueólogos, que muestra un desconocimiento manifiesto de las particularidades históricas del yacimiento”.

Por lo tanto, Palacios ha criticado que “la Consejería de Cultura ha incumplido sistemáticamente sus propias pautas en la redacción de este proyecto, recogidas en la Ley de Patrimonio Cultural de Asturias y el Reglamento que la desarrolla. Además, se han incumplido también los estándares internacionales para este tipo de proyectos. El empecinamiento de la Administración sólo encuentra explicación en la cuantía de una inversión que no sólo no garantiza la conservación del yacimiento, sino que lo pone en riesgo y lo desvirtúa de manera irreparable”.

El diputado de Podemos Asturies, ha asegurado que “existen demasiadas dudas sobre los avales del proyecto y muchas certezas sobre la contundencia y solvencia de las opiniones contrarias a su ejecución, que lo consideran lesivo para el patrimonio cultural”. Y en ese sentido, la única solución es “la retirada del proyecto y su reformulación completa ajustándose a los estándares internacionales en materia de restauración arqueológica y las consideraciones de los conocedores de la historia del sitio”. Por todo ello, ha exigido la intervención de la Consejería de Cultura, Política Lingüística y Turismo para impedir lo que califica de “atentado al patrimonio cultural asturiano”.

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