El Grupo Parlamentario presenta una batería de medidas para garantizar mayor transparencia en las contrataciones del gobierno regional ante "la carencia de moralidad y mala praxis de la gestión pública"

Hechos recientes como el "caso Marea", las facturas del Centro Niemeyer o el actual "caso Villa", aún por investigar, reflejan que “algo va mal” en la Administración autonómica. De ahí que el Grupo Parlamentario Popular haya presentado una proposición no de ley en la Junta General del Principado con medidas que garantizarían una mayor transparencia en las contrataciones que realiza el gobierno regional. 

La diputada Emma Ramos, portavoz adjunta y de Hacienda, que defenderá dicha proposición, ha adelantado en rueda de prensa que se pedirá la publicación trimestral en un "portal de transparencia" de información detallada de todos los contratos, sin excepción, incluidos los menores. También que se publiciten las ampliaciones del plazo de ejecución, prórrogas de contrato o contratos complementarios, así como los datos de las subcontrataciones que se produzcan. 

El PP considera necesario, además, aumentar la fiabilidad del registro de contratos, "por lo que podría ser interesante" interconectar este registro con el sistema informático contable. Asimismo, dado que la contratación electrónica será obligatoria a partir del 2016, sería un avance posibilitar a los licitadores la presentación de las proposiciones telemáticamente.

Fiscalización previa

"No podemos olvidar tampoco la falta de control previo en los contratos menores y en las subvenciones nominativas, a las que el gobierno socialista excluyó durante años de la correspondiente fiscalización", subrayó Ramos, que aboga también por redactar unas instrucciones internas que establezcan criterios homogéneos de actuación entre los distintos órganos de contratación.

Según expluso Emma Ramos, "resulta ineludible aumentar el control durante la fase de ejecución del contrato" y muy conveniente que las empresas, bienes, precios y características del catálogo de bienes y servicios homologados sean públicos y publicados. 

"El elevado volumen de gasto sin cuantificar y sobre el que no existió control es un hecho y la necesidad de transparencia en la contratación, una realidad", asevera. Una denuncia a la que la Sindicatura de Cuentas daba recientemente la razón, al constatar "descontrol" en las contrataciones llevada a cabo en algunas consejerías. 

Ante "la carencia de moralidad y una inadecuada praxis de la gestión pública, en particular, en el ámbito de la contratación y de la gestión de las subvenciones públicas", la portavoz adjunta del Grupo Parlamentario Popular considera que "no podemos demorarnos más en la aplicación de las más estrictas exigencias de control".