El diputado de UPyD-Asturias en la Junta General del Principado, Ignacio Prendes, ha calificado hoy de “jurídicamente insostenible y políticamente inaceptable” el Dictamen del Consejo Consultivo del Principado de Asturias por el que se niega la información relativa al informe de la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) sobre presuntas irregularidades en la obra de ampliación del Puerto de el Musel, en Gijón. Se trata de un dictamen “jurídicamente insostenible ya que supone un paso atrás clarísimo en transparencia y rendición de cuentas para el Principado”, asegura.

Prendes ha presentado hoy la moción subsiguiente a la Interpelación sobre el Puerto de El Musel  y en concreto sobre los efectos de la devolución de las ayudas europeas para su ampliación, que debería haberse sustanciado en la sesión plenaria de esta semana y que finalmente fue suspendida.

“En esa Moción volvíamos a solicitar la entrega al Parlamento asturiano, en un plazo de quince días de ese Informe de la OLAF, que ya pedimos también en el Congreso de los Diputados el pasado 15 de abril”, ha recordado.

Para UPyD, El Musel es una infraestructura de un gran valor estratégico para el desarrollo económico de la región y debido a “la ingente cantidad de dinero público que se ha invertido en su ampliación, no permitiremos que se esgriman esos altos intereses para olvidarnos de la exigencia de responsabilidades en el manejo del dinero público”, ha sentenciado. Todas las instituciones deberían estar implicadas en resolver este asunto incluido el Gobierno del Principado”, ha matizado.

El diputado de UPyD ha hecho alusión además a las recientes noticias que desvelan 10.000 millones de sobrecostes en obras públicas en España en los últimos seis años equivalentes a los recortes en educación y sanidad del Gobierno de Mariano Rajoy, sobrecostes que desgraciadamente se ejemplifican en las obras de El Musel.

El Consejo Consultivo, sostiene Prendes, ha perdido la objetividad e independencia para convertirse en un “órgano subalterno a los intereses del Gobierno de Asturias, más preocupado por defender el ocultismo y la huida de asunción de responsabilidades”.

El parlamentario de UPyD cree que el Informe no se acomoda a la legislación ya que se solicita información por parte de una institución pública “en representación de los ciudadanos” y por interés general. “Las prohibiciones en el acceso a documentos tienen que ser excepcionales”, ha señalado y “si hay intereses generales por medio, no existe prohibición“.

“El Consejo Consultivo se refugia en la existencia de documentos de carácter personal y se mete a determinar si los diputados tenemos o no capacidad para pedir cualquier documento que obre en poder del Gobierno de Asturias y hace una interpretación restrictiva del reglamento del Parlamento asturiano que regula las peticiones de documentación, algo que no le corresponde”, argumenta.

Por otro lado Prendes asegura que el dictamen va en contra del criterio mantenido por la Abogacía del Estado, que no ha visto inconveniente en trasladar el Informe al Gobierno de Asturias a pesar de que la Unión Europea lo remitió al Gobierno de España.

“Es intolerable la interpretación restrictiva del Consejo Consultivo acerca del propio reglamento de la Junta General del Principado que en su artículo 14 en ningún caso limita la capacidad de los diputados para solicitar el acceso a los informes o datos que estén en poder del Gobierno del Principado”, ha destacado. Cuando además dos peticiones por escrito solicitando el Informe ya han sido calificadas favorablemente por la Mesa de la Cámara con Informe favorable de los letrados del Parlamento asturiano que no han puesto tacha jurídica alguna”, concluye

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