UPyD ha registrado una iniciativa  en la que solicita la paralización de los trámites ambientales relacionados con el proyecto de la Mina de oro de Salave, al considerar que carecen de “cobertura jurídica” ya que el procedimiento, atendiendo a la legislación de aplicación, “finalizó con la publicación de la Declaración de Impacto Ambiental de 20 de diciembre de 2012”.

Unión, Progreso y Democracia exige además al Principado la garantía de que no se efectuará ningún trámite adicional en materia de evaluación de impacto ambiental relacionada con el referido proyecto al menos, en tanto no se revoque previamente la declaración de impacto ambiental concedida y en vigor.

Se trata del mismo criterio que ha sido expresado en reiteradas ocasiones por la Confederación Hidrográfica del Cantábrico, que en su último informe señala que “no cabe reabrir ese expediente con el propósito de dictar una nueva declaración de impacto ambiental como si la ya citada no hubiese existido, o pronunciar una suerte de declaración de impacto ambiental complementaria”. En ese sentido, la Confederación señala que la tramitación del proyecto que está siendo desarrollada por el Principado de Asturias podría “vulnerar la legislación aplicable en materia de evaluación ambiental”.

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“Esperamos que esta iniciativa sirva para imponer definitivamente la claridad y la cordura en la tramitación de este proyecto. El Principado lleva meses retorciendo los procedimientos legales con la intención de facilitar la aprobación por partes de un proyecto que resulta injustificable en su integridad”, ha destacado el diputado de UPyD- Asturias, Ignacio Prendes. “Cumplir la ley no es un criterio, es una obligación, y eso es algo atañe tanto al Gobierno como al resto de grupos políticos”,matiza.

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Prendes también ha querido referirse al reciente anuncio de recorte de plantilla anunciado por la empresa AsturGold si el Principado no resuelve ya la tramitación del proyecto minero. “Es intolerable que una empresa trate de chantajear al Principado para que este incumpla la ley. Si la empresa apostó por un proyecto que no reúne las mínimas garantías, la responsabilidad es de la empresa, no de las autoridades públicas”, concluye

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