El Gobierno del Principado aprobará este lunes el proyecto de la primera Ley de Puertos de la historia de Asturias, una norma destinada a regular de forma integral los 24 puertos de titularidad autonómica y adaptarlos a la realidad social, económica y ambiental actual.
La nueva legislación pone fin a un vacío legal histórico y busca reforzar el papel de estas infraestructuras como soporte fundamental de la pesca profesional, especialmente de la flota artesanal, al tiempo que reconoce la creciente diversidad de usos que acogen los puertos asturianos.
El consejero de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias, Alejandro Calvo, destacó que la norma responde a la evolución experimentada por los puertos durante las últimas décadas. “Necesitamos una regulación que refleje la dimensión multifuncional de estos espacios, se adapte a la escala y a las necesidades de nuestra red y nos dote, además, de instrumentos específicos de gestión”, señaló.
La ley reconoce que, junto a la actividad pesquera tradicional, los puertos se han convertido en espacios donde conviven actividades deportivas, turísticas, comerciales, culturales y de ocio. Por ello, establece un marco que permitirá compatibilizar todos estos usos sin perder la función portuaria esencial ni comprometer el desarrollo ordenado de las instalaciones.
Una red integrada y mejor planificada
Uno de los principales objetivos de la norma es configurar el Sistema Portuario del Principado como una red integrada, facilitando una planificación conjunta de las inversiones, una mejor coordinación de la gestión y una optimización de los recursos disponibles.
Entre las novedades más destacadas figura la creación del Plan de Puertos del Principado, un instrumento estratégico que fijará las prioridades de inversión y las actuaciones previstas en cada instalación, además de delimitar los espacios y usos de cada puerto.
La ley regula también de forma sistemática aspectos como la planificación y ejecución de infraestructuras, la gestión del dominio público portuario, la prestación de servicios, la protección ambiental, la seguridad y el régimen sancionador.
Más conexión con las villas marineras
La nueva normativa pretende fortalecer la relación entre los puertos y las villas marineras asturianas, donde estas infraestructuras constituyen un elemento clave para la actividad económica, la identidad local y la vida cotidiana.
Para ello, se impulsa una mayor coordinación entre el Principado y los ayuntamientos, favoreciendo la integración de los puertos en los núcleos urbanos y su apertura a la ciudadanía, sin menoscabar su función principal. El objetivo es compatibilizar la actividad pesquera con otros usos y garantizar un desarrollo equilibrado de estos espacios.
Protección ambiental y adaptación al cambio climático
La protección del medio ambiente constituye otro de los pilares de la futura ley. El texto incorpora medidas para prevenir la contaminación, mejorar la gestión de residuos y regular aquellas actividades que puedan generar impactos ambientales en el dominio público portuario.
Asimismo, introduce criterios de adaptación al cambio climático mediante la realización de estudios específicos para evaluar los riesgos que afronta cada puerto y planificar actuaciones destinadas a reforzar las infraestructuras frente al incremento de temporales y otros fenómenos meteorológicos adversos.
Refuerzo de la seguridad
En materia de seguridad, la ley fortalece los planes de emergencia y autoprotección y reconoce la condición de agentes de la autoridad al personal del Servicio de Puertos que desempeña labores de inspección y vigilancia, otorgándole capacidad para formular denuncias en el ejercicio de sus funciones.
La norma también actualiza el modelo de prestación de servicios portuarios, diferenciando entre los servicios generales gestionados directamente por la Administración y los servicios específicos que podrán prestarse en régimen de competencia.
Con esta iniciativa, Asturias dispondrá por primera vez de una legislación portuaria propia para ordenar y gestionar de manera integral su red de puertos autonómicos, mejorar la planificación de las inversiones, reforzar el apoyo a la pesca profesional y consolidar el papel estratégico de estas infraestructuras en el desarrollo económico y social del litoral asturiano.
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