“En su mayoría hablamos de personas trabajadoras que heredaron estos inmuebles y utilizan estos alquileres como complemento a sus ingresos, o, incluso, situaciones más preocupantes como personas que los tienen en alquiler para poder sufragar su alojamiento en una residencia, y ahora se ven con el problema de que sin estos ingresos extras no pueden afrontar ese gasto; pero, además, tienen que hacer frente a los gastos de luz o gas, para así evitar cortes en el suministro, y encima no pueden desahuciarles por la moratoria aprobada por el Gobierno de Sánchez”, explicó Pérez Carcedo.

A su juicio se trata de una clara injusticia y se está obligando a estos propietarios a ejercer una función social que le correspondería a la administración, “que es quien tiene que garantizar una solución habitacional a las personas en situación de vulnerabilidad, algo que ahora se pretende que hagan los propietarios de viviendas”.

Por todo ello, pedirá que se les ayude, al menos, a poder hacer frente a los gastos de sus viviendas, y para ello propondrá que se compruebe si los inquilinos tendrían derecho a una ayuda municipal de alquiler “que cobraría directamente el propietario”, además de que se les priorice a la hora de acceder a una vivienda municipal, en el caso de que se encuentren en una situación de vulnerabilidad, y de no ser así, pues se les ayude a acreditarlo para así poder facilitar su desahucio.

Por último, reflexionó sobre el hecho de la incidencia tan negativa que este tipo de medidas que protegen demasiado los derechos de los inquilinos frente al de los arrendores hace que muchos propietarios opten por no poner sus inmuebles en alquiler, lo que al final termina, por una cuestión de oferta y demanda, encareciendo los alquileres en la ciudad. “De ahí la importancia de que se actúe desde la Empresa de Vivienda para intentar reequilibrar esta situación en la ciudad”, concluyó.

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