El consejero de Educación y Cultura, Genaro Alonso, ha reiterado hoy la intención de su departamento de convocar oposiciones al cuerpo de maestros este año y ha instado al Gobierno de Mariano Rajoy a fijar cuanto antes la tasa de reposición, o bien a indicar que no va a haberla.

Alonso, que se ha referido a este asunto en el pleno de la Junta General, ha señalado que es responsabilidad del Ejecutivo central agilizar este tema y desvincularlo de los retrasos en la negociación presupuestaria que se desarrolla a nivel nacional. “Me gustaría que se desligase la posibilidad de convocar oposiciones de la aprobación de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2017, puesto que se puede regular mediante la promulgación de un decreto ley”, ha indicado.

El titular de Educación ha apremiado al Estado a articular las vías normativas oportunas antes de mediados de marzo, puesto que las oposiciones sólo se pueden celebrar a finales de junio, y ha reclamado que no se someta esta cuestión al resultado de otras negociaciones políticas. “Dada la importancia clave de crear empleo estable y reducir las tasas de interinidad, estamos esperando a agotar todos los plazos prácticos para desarrollar el procedimiento”, ha explicado.

También ha exigido la convocatoria urgente de una conferencia sectorial para exigir la publicación de la tasa de reposición. En este sentido, ha recordado que el Ministerio de Educación se comprometió hace dos semanas a contar cuanto antes con un informe de la Abogacía del Estado que aclarase si es posible considerar prorrogados los presupuestos de 2016, lo que permitiría convocar, al menos, el cien por cien de las plazas generadas por jubilación el año pasado.

No obstante, Alonso ha denunciado el incumplimiento de este compromiso, ya que el director general de Evaluación y Cooperación Territorial del ministerio, José Luis Blanco, negó posteriormente que se hubiera encargado tal informe y condicionó la convocatoria de oposiciones a la aprobación de los presupuestos generales.

El consejero ha insistido en que si la voluntad de Gobierno central fuera clara, ni siquiera sería necesario el informe, puesto que ya se podría haber planteado hace semanas la aprobación de un decreto ley que aclarara estas cuestiones.

    Audio (Audio: 396 Kb)