El Gobierno de Asturias lamenta que el Partido Popular (PP) haya intentado engañar a la ciudadanía al presentar un informe jurídico externo como el modelo de oficialidad defendido por el Principado. De igual modo, deplora que el principal partido de la oposición confunda, ya sea deliberadamente o por ignorancia, el coste de la implantación de la oficialidad con su impacto económico.

El Ejecutivo registró telemáticamente ayer en la Junta General, a solicitud del PP, un trabajo titulado Estudio sobre el marco adecuado para la planificación y desarrollo de la normalización del uso de la lengua asturiana y el gallego-asturiano en el ámbito del Principado de Asturias. El número de registro es el 0023926 y la hora, las 11:27.

Ese estudio, coordinado por el profesor Miguel Ángel Presno Linera, había sido encargado por la Consejería de Cultura en 2020; es decir, antes de que se hubiera abierto la negociación para reformar el Estatuto. La solicitud de informes externos es una práctica habitual en la Administración y, lógicamente, sus consideraciones y conclusiones no vinculan al Ejecutivo. De otro modo, el gobierno se vería sujeto por cualquier trabajo que encargase.

La contratación del estudio se realizó tal y como establece la normativa. Así, con total transparencia se publicó en el Perfil del Contratante, con lo cual cualquier persona interesada podía saber que se había encargado. En consecuencia, el gobierno jamás tuvo voluntad de ocultar su existencia, contra lo que afirma el Partido Popular.

De igual modo, el Ejecutivo tampoco escondió sus planteamientos acerca del modelo de oficialidad. El propio presidente Barbón se encargó de explicitar que el nuevo Estatuto, en el caso de aprobarse, no lo detallaría. Su redacción final quedaría condicionada al acuerdo posterior de los grupos parlamentarios sobre una ley de uso. Además, y en respuesta a una exigencia planteada por Foro Asturias, el jefe del gobierno aclaró que estaba dispuesto a aceptar que la aprobación de esa ley exigiera una mayoría reforzada de 3/5, la misma que se requiere para modificar el Estatuto. Por lo tanto, mal se podría imponer un modelo sujeto a esos condicionantes.

A lo largo de las negociaciones, Barbón también manifestó en la Junta General su rechazo a que el conocimiento del asturiano y/o del eonaviego fuese obligatorio para el acceso a la función pública o tuviese carácter vehicular en la enseñanza. Son dos criterios que contrastan con el contenido del informe. Otra prueba de que el gobierno no se sentía vinculado a las consideraciones del trabajo es la propuesta de artículo 4º planteada a Podemos, IU y Foro. Textualmente, era la siguiente:

“Las lenguas propias de Asturias son el asturiano y el eonaviego. El asturiano, el eonaviego y el castellano son lenguas oficiales de Asturias. Una ley de la Junta General, aprobada por mayoría de 3/5 del número legal de miembros, ha de establecer los términos y ámbitos del uso oficial de las lenguas propias de Asturias y ha de fijar las zonas de uso predominante.

“Los poderes públicos asturianos garantizarán el uso normal y oficial de los tres idiomas y potenciarán la utilización del asturiano y del eonaviego en todos los aspectos de la vida pública, cultural e informativa, y dispondrán los medios necesarios para facilitar su coherencia y desarrollo. Nadie podrá ser discriminado por razón de la lengua que se emplee”.

Esta redacción, como se puede comprobar, es muy distinta a la recogida por el estudio.

Todos estos argumentos descalifican el intento del PP para hacer pasar un trabajo externo como una suerte de hoja de ruta oculta del Gobierno de Asturias para la cooficialidad. Es un informe jurídico elaborado por profesionales con conocimiento y prestigio, pero no es el proyecto del Principado. Para el Ejecutivo, tal maniobra resulta impropia de un partido que se tiene como alternativa de gobierno. La tergiversación y el recurso a las fake news eran, al menos hasta ahora, un terreno más propio de la extrema derecha.

La confusión de coste e impacto económico exhibida por la presidenta del PP, Teresa Mallada, y por el diputado Álvaro Queipo tampoco casa con la seriedad y la solvencia exigibles a la segunda fuerza política de Asturias. De forma deliberada o por desconocimiento, ambos utilizaron los dos conceptos como sinónimos, cuando el impacto económico incluye también la actividad y el empleo que generaría la implantación de la oficialidad. Contra lo asegurado en su comparecencia, el informe no considera un único modelo, sino tres distintos, cada uno con su coste y con su repercusión económica. De hecho, el estudio precisa que la simulación que más se aproxima “a las previsiones del gobierno autónomo” –la expresión es de los autores- requeriría un incremento del gasto público de 7,1 millones.

El Ejecutivo considera, además, que tanto el artículo 3.2 de la Constitución como varias sentencias del Tribunal Constitucional (TC) –en concreto, la 56/2016 y la 75/2021, posterior al informe- avalan que sea el propio Estatuto de autonomía el que determine tanto la declaración de oficialidad como su alcance.

En esos fallos, el TC ha avalado la limitación del equilibrio inexcusable entre lenguas cooficiales para el acceso a la función pública. El Gobierno de Asturias interpreta que la limitación sería extensible al ámbito educativo, de modo que se garantizase la voluntariedad de aprendizaje que no hiciera obligatorio el bilingüismo imperativo en la educación. Es, ciertamente, un planteamiento novedoso que no ha sido analizado en el estudio ni por el TC.