El consejero de Presidencia, Guillermo Martínez, ha exigido hoy en Madrid, junto con los representes de los gobiernos de Canarias, Andalucía, Cataluña y País Vasco, la retirada de la reforma de la ley del aborto elaborada por el Gobierno de Mariano Rajoy. “Exigimos la retirada de un anteproyecto de ley que no admite enmiendas parciales, sino una única enmienda a la totalidad, y que pretende convertir lo que hasta ahora era un derecho en un delito”, ha subrayado.

El titular de Presidencia ha realizado estas declaraciones antes de participar en la reunión de la Conferencia Sectorial de Igualdad, donde ha introducido el debate sobre la reforma de la Ley Orgánica de Salud Sexual y Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo. Cinco comunidades habían solicitado previamente la inclusión de este punto en el orden del día de la reunión. Sin embargo, el Gobierno central decidió obviar esta petición conjunta.  

Guillermo Martínez ha lamentado esta decisión y también la “carencia absoluta de información” sobre el anteproyecto por parte del Ejecutivo de Mariano Rajoy, que no ha presentado aún el calendario para su aprobación en el Consejo de Ministros ni se ha pronunciado sobre la posibilidad de incluir en el texto determinadas modificaciones que recojan las peticiones de gobiernos autonómicos como el asturiano.

A juicio del consejero, también resulta incomprensible que el Ministerio de Sanidad todavía no se haya manifestado sobre el contenido del texto, “a pesar de que es el departamento que asume las competencias en materia de igualdad de oportunidades y el documento atenta claramente contra los derechos de las mujeres”. En su opinión, el ministerio que encabeza Ana Mato debe expresar públicamente si considera que el anteproyecto pone en peligro la salud y los derechos de las mujeres y también, en su caso, si tiene previsto impulsar alguna actuación para tomar medidas ante este hecho.

El anteproyecto elaborado por el Gobierno de España priva a las mujeres mayores de 16 años del derecho a la libre decisión sobre su embarazo en las primeras 14 semanas, reconocido en la Ley Orgánica 2/2013, de 3 de marzo, vigente hasta ahora. La norma endurece la posibilidad de llevar a cabo una interrupción voluntaria del embarazo y reduce a dos únicos supuestos los casos en los que es posible realizarla: grave peligro para la vida o salud psíquica de la mujer y embarazo consecuencia de un hecho delictivo. Además, establece una tutela avalada por el informe de dos médicos especialistas, que deben encargarse de certificar que la mujer se encuentra en uno de los dos supuestos regulados. Asimismo, exige a la gestante un período de reflexión e impone el consentimiento de los progenitores para las menores de 18 años.

El Gobierno asturiano ha advertido en repetidas ocasiones del impacto de esta reforma que juzga “cavernaria”, porque pone en peligro la salud de las mujeres dado que, al no incluir entre los supuestos despenalizados el aborto eugenésico (relacionado con malformaciones fetales), abre las puertas a un incremento de las interrupciones clandestinas del embarazo y nos sitúa a la cola de Europa.

“Este proyecto nos sitúa 30 años atrás en la legislación española y no tiene parangón en ningún otro país en la Unión Europea. Además, dice bien a las claras qué modelo de sociedad intolerante y de recorte de derechos quiere este gobierno del Partido Popular”, ha apuntado el consejero de Presidencia.

Por todas estas razones, el Principado reclama que se paralice la tramitación de una ley antiaborto que la sociedad no demanda y que carece del necesario respaldo de una amplía mayoría social y política, al tiempo que vulnera la capacidad de decisión y coarta la libertad sexual y reproductiva de las mujeres.