Coto: “Ahora compete a Javier Fernández explicar por qué mantuvo todo este tiempo a la consejera en su cargo cuando conocía sus incompatibilidades”
“La comparecencia ha sido muy pobre, girando hacia el estrambote al ofrecer Díaz sus personales interpretaciones de la Ley, echar la culpa a los medios de comunicación o recurrir a la mentira del ‘y tu mas’”
“La Legislación vulnerada es prolija y antigua, y en caso de duda Javier Fernández puede consultar a su Consejo de Sabios por 1000 euros la reunión”
Intervención de Cristina Coto, portavoz de FORO en la Junta General, en la comparecencia de hoy de la Consejera de Bienestar, Esther Díaz:
“Con su dimisión y sus explicaciones previas ha quedado todo dicho; por lo que las preguntas que FORO tenga que hacer y las formulará a quien la ha mantenido en el puesto: Javier Fernández. Ahora compete a Javier Fernández explicar por qué mantuvo todo este tiempo a la consejera en su cargo cuando conocía sus incompatibilidades.
Eso sí, mi grupo parlamentario considera que nunca debiera haber tomado posesión de su cargo, y por las mismas razones, Javier Fernández nunca debiera haber permitido que fuera Consejera tras haber visto su declaración de bienes, y en la medida en que esa declaración de bienes se ha mantenido inalterada a lo largo de estos años, no se entiende su continuidad en el cargo ni la absoluta inacción -por más que ya sea emblemática- del Presidente del Principado, que ya debiera haberla cesado. Esa actitud le convierte en su cómplice y en el primer responsable político de esta penosa situación a la que en forma de comparecencia hemos asistido hoy.
Mire, desde FORO no vamos a juzgar ni a prejuzgar sus intenciones a la hora de mantener una actividad empresarial y política al mismo tiempo. A esta Cámara, que no es Tribunal de Justicia, sólo le compete valorar unas conductas a la luz de la legalidad vigente. Esto sí podemos hacerlo.
Le voy a poner un ejemplo: yo desconozco cual es la intención que puede mover a un conductor a venir por la izquierda en una autopista, no tengo esa capacidad, pero lo que sí se es que hay que retirarle el carné.
Y volviendo de la metáfora a la realidad.
Usted no ha negado las informaciones aparecidas en la prensa al respecto de su participación accionarial en Davelco, y de la participación de esta en diferentes obras, de mayor o menor tamaño, realizadas en Asturias, ni que su marido sea socio de una residencia con plazas concertadas en Llanes, ni que Aldaco esté participada por Davelco con un 50 %, lo que le atribuye a usted de forma indirecta un 10 % ni que Aldaco sea propietaria del 99,79 % de las acciones de Niega. Hablo de empresas del Grupo Avance.
Su defensa se ha centrado en cuestiones irrelevantes:
Que está casada en régimen de separación de bienes.
Que Davelco participó como subcontrata.
Que usted no participó en las mesas de contratación.
Todo es irrelevante desde un punto de vista jurídico, y usted debe saberlo. Dijo también que no tenía por qué vender las acciones,. Por un lado es cierto porque con acciones suyas y de su marido, o exclusivamente de su marido, la prohibición para contratar con el Sector Público estatal, autonómico o local es exactamente la misma. Por eso usted nunca debiera haber sido consejera.
Mire:
Lo de que incumple la Ley de Buen Gobierno, que de momento sólo ha aprobado el Consejo de Gobierno del que usted forma parte en forma de anteproyecto, y que es una de las grandes apuestas propagandísticas de su Presidente, es lo de menos, es sólo el episodio final de una sucesión de incumplimientos legales.
1.- Incumple la 4/95 de Incompatibilidades, Actividades y Bienes de Altos Cargos del Principado, que hace incompatible ser alto cargo y tener más del 10 % del capital en empresas o sociedades concesionarias, contratistas de obras, servicios o suministros, arrendatarias o suministradoras de monopolios, o con participación o aval del sector público, cualquiera que sea el ámbito de aquellas.
2.- Y la 53/84 de Personal al Servicio de las Administraciones Públicas, en su artículo 12, por la que usted no puede tener más del 10 %”
Fíjese de qué fechas estamos hablando, 95 y 84. Y es que en este caso concreto el problema no es la falta de legislación, la hay y abundante, el problema es que se la ha tomado por el pito del sereno. Que por cierto, toda la legislación anterior debiera inspirar esa Ley de buen Gobierno que anda publicitando su Presidente.
3.- Respecto a los contratos con el Principado incumple el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, que remite a ala 5/06 de Conflictos de Intereses. Es decir: usted, como Alto Cargo, no puede tener, por sí o con su cónyuge, sea cual sea el régimen económico matrimonial, participaciones directas o indirectas de más de un 10 % en empresas que concierten o contraten con el Sector Público estatal, autonómico o local o subcontraten.
Y lo expuesto es válido para concluir que cuando Davelco actuó como subcontratista en obras del Ayuntamiento de Langreo estaba incursa en prohibición. No la voy aburrir con más formativa, que sigue la misma. Añadir que a la Junta Consultiva de Contratación en un informe de 2010 se muestra contundente.
Insisto, no voy a prejuzgar la intención de este recurso tan generalizado a la subcontrata, pero también está prohibido. Por la Ley de Conflictos de Intereses y por la de Contratos del Sector Público: ‘en ningún caso podrá concertarse por el contratista la ejecución parcial del contrato con personas inhabilitadas para contratar de acuerdo con el ordenamiento jurídico o comprendidas en alguno de los supuestos del artículo 60’.
Y no hay división de opiniones: el alquiler de maquinaria es una subcontrata aquí y en toda tierra de garbanzos. Y por cierto, si solo alquila maquinaria, si no ofrece trabajadores ¿qué hacen las casetas de Davelco instaladas por todas esas obras?.
La legislación vulnerada es prolija y repito, antigua. Los datos son objetivos y las conclusiones también. Sí le compete a Javier Fernández explicar porque ha tolerado esto, y podría aprovechar las clases de ética que anda impartiendo por España para ello. Y si tiene alguna duda siempre puede consultar a 1000 euros por reunión a su consejo de sabios.
Concluyo: la contravención de la ley es indiscutible, y en cuanto a la ética es en primer lugar un asunto personal, pero en el caso de las organizaciones es un asunto colectivo y del líder, el suyo ha optado por los discursos y no por los hechos, que son los que realmente probarían su compromiso con la ejemplaridad.
Y finalmente: no quiera usted matar al mensajero, ni insinuar más o menos veladamente que esta es una campaña de FORO. Mi grupo nunca emitió veredictos, ni habló de abuso de poder, ni de tráfico de influencias, ni de entramados empresariales. Quizá fuimos de los más prudentes. Mire a su alrededor, en ocasiones es más potente el fuego amigo que el del adversario político”.
Al término de la comparecencia Coto concluyó que “la comparecencia ha sido muy pobre, girando hacia el estrambote al ofrecer Díaz sus personales interpretaciones de la Ley, echar la culpa a los medios de comunicación o recurrir a la mentira del ‘y tu mas’. La Legislación vulnerada es prolija y antigua, y en caso de duda Javier Fernández puede consultar a su Consejo de Sabios por 1000 euros la reunión”.
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