Cristina Coto: “La política socialista en Asturias nos ha situado a los asturianos como la Comunidad Autónoma cuyo PIB más se ha reducido en España en el período 2008-2015 de la crisis económica”
“Asturias es la única C.A. en la que la caída de su PIB en el periodo 2008-2015 alcanzó los dos dígitos en negativo, muy lejos de Madrid, que es la única que ha superado los límites de 2008, y lejos también de la media nacional de España que fue del - 4,4%”
“Lo que ha ocurrido en 2015 con el incumplimiento de las obligaciones de la Ley de Estabilidad viene sucediendo sin consecuencias desde 2012, pero era evitable porque la Ley establece medidas preventivas para garantizar que no se incurra en déficit estructural al final de cada ejercicio”
“El balance demuestra que beneficia a las CC.AA. incumplidoras, con un considerable quebranto económico de graves consecuencias sociales para Asturias, a quien perjudica el trato discriminatorio como se refleja en la evolución del PIB en el periodo 2008-2015”
La presidenta de FORO, Cristina Coto, manifestó a los medios de comunicación, en rueda informativa celebrada hoy, que “analizando los últimos datos de la Contabilidad Regional de España publicada por el INE la semana, en base a las variaciones en volumen del PIB (es decir exentas de las variaciones en los precios, la inflación) se comprueba claramente que la política socialista en Asturias nos ha situado a los asturianos como la Comunidad Autónoma cuyo PIB más se ha reducido en España en el período 2008-2015 de la crisis económica”.
Cristina Coto explicó que “la metodología consiste, sencillamente, a partir de los datos del año base 2000, aplicar los porcentajes de variación del PIB en volumen de cada año, obteniendo así el valor del PIB de cada año a precios constantes del año 2000. (El PIB total en este caso es inferior al real por no tener el dato de la variación del PIB denominado extra-regio, es decir el PIB que no es territorializado)”.
“Corroborado que el PIB nacional de España alcanzó su máximo en 2008 (PIB a precios corrientes; 1.116.107 millones €; PIB a precios de 2000: 833.940 millones €, sin contar el extra-regio) y comparando el PIB de 2015 con el de 2008, se obtienen los siguientes datos:
CC.AA. Variación PIB 2015/2008 (%)
Madrid 0,6%
Baleares 1,3%
Canarias - 2,8%
Extremadura - 3,4%
Navarra - 3,8%
País Vasco - 4,1%
Cataluña - 4,3%
ESPAÑA - 4,4%
Aragón - 4,9%
Murcia - 5,1%
Castilla - León - 5,7%
Andalucía - 6,3%
Galicia - 6,3%
Castilla - La Mancha - 6,6%
La Rioja - 7,4%
Valencia - 7,5%
Cantabria -9,5%
ASTURIAS - 10,0%
Estos datos lo dicen todo: Asturias es la única C.A. en la que la caída de su PIB en el periodo 2008-2015 alcanzó los dos dígitos en negativo, muy lejos de Madrid, que es la única C.A. que ha superado los límites de 2008, y lejos también de la media nacional de España que fue del - 4,4%. Es más, si el mismo estudio lo efectuamos utilizando como base los datos proporcionados por el INE pero a precios corrientes, es decir, incluyendo las variaciones en los precios, los resultados son casi idénticos, Asturias registra también con estas cifras una caída de un 10% en el mismo periodo de tiempo”.
PIB .Serie 2008-2015
Precios Corrientes,
Comunidad Autónoma
2008
2015
variacion( %)
BALEARES
27.194
27.546
1,3%
MADRID
202.035
203.626
0,8%
CANARIAS
42.582
42.317
-0,6%
CATALUÑA
209.005
204.666
-2,1%
NAVARRA
18.739
18.246
-2,6%
PAÍS VASCO
67.698
65.924
-2,6%
EXTREMADURA
18.155
17.590
-3,1%
RIOJA, LA
8.275
7.974
-3,6%
ANDALUCÍA
152.137
144.989
-4,7%
MURCIA, REGIÓN DE
29.137
27.733
-4,8%
GALICIA
58.584
55.701
-4,9%
ARAGÓN
35.615
33.793
-5,1%
CASTILLA Y LEÓN
57.092
54.057
-5,3%
C, VALENCIANA
108.508
101.604
-6,4%
CASTILLA LA MANCHA
40.389
37.715
-6,6%
CANTABRIA
13.279
12.172
-8,3%
ASTURIAS
23.989
21.595
-10,0%
Total Nacional
1.116.207
1.081.190
-3,1%
importes en miles de euros
Fuente: INE
Cristina Coto añadió que “además de la política regresiva aplicada por los gobiernos socialistas en Asturias, también es preciso contemplar los efectos discriminatorios y determinantes que está teniendo el reparto del déficit entre CC.AA. y su incumplimiento por parte de algunos gobiernos autonómicos, como el del Principado en los años electorales de 2011 y 2015. Todo ello en un escenario en el que el Gobierno desatiende su deber de aplicar su propia Ley de Estabilidad Presupuestaria a las CC.AA., porque esta Ley contempla en su Capítulo IV medidas preventivas, correctivas y coercitivas con objeto de asegurar el cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria, de deuda pública y de la regla de gasto que no está aplicando”.
Cristina Coto explicó que “lo que ha ocurrido en 2015 con el incumplimiento de las obligaciones de la Ley de Estabilidad viene sucediendo sin consecuencias desde 2012 , pero era evitable y así se lo hizo saber la Comisión Europea al Gobierno de España en la carta enviada el pasado mes de marzo en la que le volvía a insistir en la necesidad de hacer mayor esfuerzo en la corrección del déficit y de paso le recordaba que la Hacienda española no había aplicado ‘las medidas preventivas, ni las medidas correctivas’ previstas en la Ley de Estabilidad para las comunidades autónomas cuya gestión sigue siendo el principal ‘riesgo de incumplimiento’ de los objetivos del Pacto de Estabilidad”.
Cristina Coto recordó que “la Ley establece medidas preventivas para garantizar que no se incurra en déficit estructural al final de cada ejercicio, y un umbral de deuda del 95% de los límites establecidos en el artículo 13.1 de dicha Ley, de tal forma que, una vez superado el mismo, las únicas operaciones de endeudamiento permitidas serán las de tesorería. Asimismo, la Ley fija un mecanismo de alerta temprana, similar al existente en la normativa europea, consistente en la formulación de una advertencia del Gobierno a propuesta del Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas a la Administración que pudiera incumplir, la cual tendrá un plazo de un mes para adoptar las medidas necesarias. Queda claro que el Ministerio de Hacienda ha eludido el mandato de formular advertencias a las CC.AA. incumplidoras”.
Añadió Coto que “en cuanto a las de carácter correctivo, la Ley contempla medidas automáticas, y tanto estas como las coercitivas son expresión de la responsabilidad de cada Administración en caso de incumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria prevista en el artículo 135.5 de la Constitución. En el caso de que se produzca el incumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria, del objetivo de deuda pública o de la regla de gasto, se exigirá la presentación de un Plan Económico-Financiero que permita la corrección de la desviación en el plazo de un año. La Ley regula el contenido que, entre otros extremos, deberá identificar las causas de la desviación y las medidas que permitirán retornar a los objetivos, la tramitación y el seguimiento de estos planes. Tampoco se tiene noticia alguna de la adopción de estas exigencias a las CC.AA. incumplidoras”.
Por último, Cristina Coto recordó “las medidas coercitivas que la Ley establece y que son las siguientes:
1º.- En caso de falta de presentación, de aprobación o de incumplimiento del Plan Económico-Financiero o del Plan de Reequilibrio, la Administración Pública responsable deberá:
a) Aprobar en el plazo de 15 días desde que se produzca el incumplimiento la no disponibilidad de créditos que garantice el cumplimiento del objetivo establecido
b) Constituir un depósito con intereses en el Banco de España equivalente al 0,2 por ciento de su Producto Interior Bruto nominal.
2º.- De no fructificar lo anterior, el Gobierno podrá acordar el envío de una comisión de expertos para valorar la situación económico- presupuestaria de la administración afectada. La comisión deberá presentar una propuesta de medidas que serán de obligado cumplimiento. Mientras no las implemente, la administración afectada no tendrá acceso a los mecanismos de financiación previstos en esta Ley.
3º.- Si una Comunidad Autónoma no adoptase el acuerdo de no disponibilidad de créditos, no constituyese el depósito obligatorio o no implementase las medidas propuestas por la comisión de expertos, las medidas previstas en la Ley son aún mucho más contundentes”.
“En resumen –concluyó Coto- desde 2012 se está incumpliendo la Ley de Estabilidad Presupuestaria en beneficio de las CC.AA. incumplidoras. El balance del incumplimiento demuestra que beneficia a las CC.AA. incumplidoras, con un considerable quebranto económico de graves consecuencias sociales para Asturias, a quien perjudica el trato discriminatorio, como se refleja en la evolución de los datos del PIB en el periodo 2008-2015”.
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