Pedro Leal: “Javier Fernández lleva 4 años sin hacer nada y el Catálogo de Prestaciones Sociales ya acumula 11 años de retraso, por lo que urgimos al Gobierno a abandonar la holgazanería y ponerse a trabajar”

“El tiempo transcurrido y la evolución de la atención social durante todos estos años hacen necesaria una reforma integral de la vigente Ley de Servicios Sociales”

“Con una nueva regulación y el Catálogo de Prestaciones tendríamos una administración más eficaz, más eficiente, más activa, más transparente y más clarificadora, y garantizaríamos una optimización del servicio”

El diputado de FORO y portavoz de la Comisión de Derechos y Servicios Sociales, Pedro Leal, compareció hoy ante los medios informativos acreditados en la Junta General para comentar la iniciativa parlamentaria presentada por que “Javier Fernández lleva 4 años sin hacer nada y el Catálogo de Prestaciones Sociales ya acumula 11 años de retraso, por lo que urgimos al Gobierno a abandonar la holgazanería y ponerse a trabajar”.

Pedro Leal argumentó esta petición en base a que “el artículo 10.1.24 del Estatuto de Autonomía de Asturias establece como competencia exclusiva del Principado la asistencia y bienestar social. En el ejercicio de esas competencias, se dictaron las leyes del Principado 5/1987, de 11 de abril, y la actualmente vigente, que es la Ley del Principado de Asturias 1/2003, de 24 de febrero, de Servicios Sociales. En el Título IV de esta ley así como su Disposición Adicional Segunda, se establece la obligación de aprobar en el plazo de dos años un catálogo de prestaciones que contendrá el conjunto de prestaciones del sistema público de servicios sociales. Trece años más tarde, el catálogo no ha sido elaborado, con lo que llevamos 11 años de retraso respecto al plazo previsto y contemplado en la Ley”, insistió.

“A su vez –continuó Pedro Leal- el tiempo transcurrido desde la aprobación de la última Ley, la entrada en vigor de normativa posterior de diversa índole, como la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, la Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia o la Ley del Principado de Asturias 4/2005, de 28 de octubre, de Salario Social Básico, y la evolución de la atención social durante todos estos años hacen necesaria una reforma integral de la vigente Ley de Servicios Sociales”.

“Por ello, instamos al Consejo de Gobierno del Principado:

1.- A elaborar de forma inmediata o, en todo caso, antes de la finalización del actual período de sesiones, el catálogo de prestaciones al que hace referencia el artículo 20 de la Ley del Principado de Asturias 1/2003, de 24 de febrero, de Servicios Sociales.

2.- A la reforma de la Ley del Principado de Asturias 1/2003, de 24 de febrero, de Servicios Sociales, a los efectos de que en la misma se contemplen las prescripciones establecidas en la Ley del Principado de Asturias 4/2005, de 28 de octubre, de Salario Social Básico y en la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de Dependencia, así como a cuantas disposiciones normativas posteriores cuyo contenido así lo requiera. Es decir, una nueva ley o un texto normativo que refunde y englobe las leyes citadas anteriormente, ya que es preciso adaptarla y actualizarla a la realidad existente, producto de la lógica evolución, tanto en la demanda como en la cartera de prestaciones que ofrece nuestra Comunidad Autónoma”.

En sus argumentaciones sobre estas peticiones, Pedro Leal destacó que “estamos en el momento y la oportunidad de llevar a cabo el desarrollo de unos instrumentos normativos de los que ahora Asturias carece y que permita dar solidez y dar estabilidad a la actividad social, por lo que en estos momentos resulta imprescindible la revisión, la unificación, refundición o incluso la aprobación de una nueva Ley de Servicios Sociales; es hora de actualizarse para, también, entre otras cosas, adaptarla a la legislación y normativa posterior que acabo de mencionar y estar dotados de los mejores instrumentos para dar respuesta a la realidad social actual en materia de bienestar social”.

“Nosotros –añadió Leal- no estamos cerrados a que se pueda hacer de cualquiera de estas dos formas: O bien una nueva Ley o Texto Refundido, que incluya el catálogo de prestaciones; o bien la adaptación legislativa por un lado, y el catálogo de prestaciones por otro”.

El diputado de FORO puso de manifiesto que “ante la pasividad del gobierno de Asturias, parece que se ha perdido la sensibilidad tan necesaria para poder dirigir y prestar este tipo de servicios. La atención a las personas con dependencia y discapacidad se ha vuelto rígida, hermética y almidonada,  dando la espalda a las opiniones y los pareceres de los usuarios de los servicios y de sus familias, lo que les hace merecedores de bajos índices de satisfacción. La respuesta del actual Gobierno, lejos de mostrar esa sensibilidad, no ha hecho otra cosa más que poner trabas y dificultades a las familias con personas con necesidades sociales, y en algunas ocasiones se  ha actuado arbitraria y unilateralmente; y ante la falta de catálogo de prestaciones y de adaptación normativa a la nueva realidad se han creado problemas donde no los había, y ha provocado efectos indeseados por todos que bien se podían haber evitado con un poco más de sensibilidad y trato directo”, dijo.

Insiste Pedro Leal en que “estas solicitudes y modificaciones normativas tienen fundamentos objetivos, y podemos referirnos al último índice DEC que valora el desarrollo de los Servicios Sociales cuando expresamente afirma en su primera página que ‘Asturias es una de las Comunidades menos eficientes en la gestión de sus servicios sociales’, es decir:

-           Tenemos un bajo ratio en cobertura en relación con el gasto

-           Se gasta, pero ese supuesto esfuerzo en gasto público no llega adecuadamente al usuario, al beneficiario, al dependiente, al discapacitado o al destinatario final del Servicio Social.

-           Se gestiona de modo deficiente, ya que el gasto presupuestado en bienestar social tiene un resultado muchas veces estéril, vano e infructuoso.

-           No se corresponden las cuantías desembolsadas para atender las necesidades sociales de los asturianos con los rendimientos que debería proporcionarse.

-           Esta situación de ineficacia puede compararse, denominarse o calificarse, en sentido inverso, como situaciones de dispendio o derroche tan típicas de otras áreas del gobierno socialista”.

En definitiva, “la pretensión de elaborar un catálogo de servicios sociales, además de tener que haberse elaborado hace 11 años, es imprescindible para la correcta y eficaz forma de prestación de los servicios sociales, porque debe de ser el instrumento que determina el conjunto de prestaciones del Sistema Público de Servicios Sociales. A su vez, el Catálogo de Servicios Sociales debe determina aquellas prestaciones de carácter esencial o exigible, configuradas como derecho subjetivo, y también las prestaciones complementarias. Con esta solicitudes de alcance normativo que instamos desde FORO, pretendemos evitar las circunstancias que detectamos y a nuestro juicio limitan la eficacia de nuestros servicios sociales, tal como reconoce expresamente el informe DEC”, advierte Pedro Leal.

A la luz de todo esto, el diputado de FORO anunció “la presentación de dos Proposiciones No de Ley porque nuestra pretensión es doble:

De un lado, resulta evidente que la Ley 1/2003, de 24 de febrero, de los Servicios Sociales del Principado de Asturias, necesita adaptarse después de casi 13 años a realidades como la aplicación de la ley de autonomía personal y atención a la Dependencia, la Ley del Salario Social Básico, ley general de derechos de las personas con discapacidad, de noviembre del 2013 que afectan de forma sustancial a la prestación de esos servicios sociales.

De otro lado, aunque sea con 11 años de retraso, se debería elaborar y definir los criterios para un catálogo de prestaciones sociales que se adapte a la evolución desarrollada a la atención social, durante todos estos años”.

Para concluir, Pedro Leal aseguró que “con la nueva regulación legal relativa a los Servicios Sociales y el Catálogo de Prestaciones tendríamos una administración más eficaz, más eficiente, más activa, más transparente, más clarificadora para el usuario y sus familias, y lo que más importante, garantizaríamos una optimización del servicio que llega al destinatario final del mismo”.