No es que se trate de la fase más comprometida de las que tiene por delante la comisión de investigación del ‘caso Villa’, pero la unanimidad ayer de los grupos al aprobar absolutamente todas las peticiones de información presentadas fue recibida por muchos con alivio y alegría. Alivio porque, en un proceso en el que se prevé que antes o después se produzcan desencuentros, al menos la comisión ha podido arrancar libre de cuestionamientos y con un respaldo político que dificultará más tarde desmarcarse de sus conclusiones. Y alegría, porque el calendario ha comenzado a correr sin retrasos y, si todo se desarrolla según lo planeado, el 12 de enero se fijarán las comparecencias que se celebrarán a finales del mismo mes.

Ante la pregunta explícita del presidente de la comisión, el diputado de UPyD, Ignacio Prendes, nadie se opuso a ninguna de las solicitudes de documentación requeridas por los cinco grupos con representación en la Junta que, también hay que admitir, van en la misma línea. Hoy se redactará el documento que el letrado enviará a las distintas administraciones y organismos implicados, para que remitan la información requerida en un plazo de 15 días, prorrogable en realidad hasta la primera semana de enero.

La comisión espera ahora que las administraciones pongan todo de su parte para cumplir esa voluntad política desplegada en la reunión de ayer. No hay que olvidar que será muy probablemente entonces cuando se sepa con seguridad si todas las partes se encuentran igualmente interesadas en que la investigación sea lo más profunda y exhaustiva posible.

La documentación requerida, aunque amplia y compleja, puede reunirse en un corto plazo y, según se acordó ayer, a medida que vaya siendo recibida será enviada a todos los grupos. Será necesario un esfuerzo de los servicios jurídicos de la Cámara A finales de diciembre, los nueve miembros de la comisión volverán a reunirse para comprobar que ya se cuenta con toda la información solicitada y, de no ser así, ampliar el plazo para recibirla y trasladársela a las distintas fuerzas políticas.

Estas solicitudes se dirigen al Gobierno del Principado, al Instituto para la Reestructruación de la Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras (dependiente del Ministerio de Industria), la Fundación para el Desarrollo de la Formación de las Zonas Mineras, la Fundación de las Comarcas Mineras para la Formación y Promoción del Empleo, a la Federación Asturiana de Empresarios, UGT y CC OO, al Montepío de la Minería, a la Intervención General de la Administración del Estado y al Ministerio de Hacienda. Además, se pedirá a Hunosa que especifique las dietas y retribuciones de cualquier tipo que haya abonado al exsecretario general del SOMA, José Ángel Fernández Villa.

El objetivo es investigar todos los ámbitos en los que haya podido obtener de manera ilícita la fortuna oculta de 1,2 millones que afloró cuando se acogió a la amnistía fiscal del Partido Popular. También se pondrá bajo la lupa al expresidente del Montepío, José Antonio Postigo -que también regularizó 360.000 euros-, así como la obra de construcción de la residencia para mayores de la mutua en Felechosa. Del mismo modo, se analizará la gestión de los fondos mineros.

(Fuente: El Comercio)

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