El Ayuntamiento de Villaviciosa ha solicitado la convocatoria urgente de la Junta General de SOGEPSA para que la sociedad se posicione y adopte medidas ante el problema urbanístico que afecta a tres parcelas de La Barquerina, tras la denuncia presentada por la Demarcación de Costas en Asturias.
El consistorio realizó el pasado 27 de diciembre un requerimiento formal para que se reunieran los órganos de gobierno de la sociedad pública, después de que la denuncia de Costas contra un edificio ya finalizado en la Avenida de España provocara la intervención de la Consejería de Ordenación del Territorio, con la paralización de las obras y la apertura de un expediente sancionador a los promotores y a la dirección facultativa.
El presidente de SOGEPSA, Borja García —consejero de Ciencia, Industria y Empleo del Principado—, respondió el 2 de enero que la Junta General será convocada a lo largo de este mes y que se han dado instrucciones para analizar la situación de forma coordinada con la Consejería de Ordenación del Territorio.
No obstante, el alcalde de Villaviciosa, Alejandro Vega Riego, remitió ese mismo día un nuevo escrito a la presidencia de SOGEPSA, trasladando la comunicación de la Consejería por la que se mantienen las medidas provisionales de paralización derivadas de la denuncia de Costas, frente a las que el Ayuntamiento ya ha presentado alegaciones en oposición.
En el documento, el alcalde señala que tanto el Ayuntamiento como los responsables señalados en el expediente —junto con los compradores de las viviendas— son los principales perjudicados por la situación, y anuncia la presentación de alegaciones y recursos contra las medidas adoptadas. Vega Riego advierte además de los perjuicios personales y económicos que ya se están produciendo, tanto para particulares como para la empresa local Construcciones José González S.A., compradora de una de las parcelas a SOGEPSA cuando la sociedad tenía todavía accionariado mixto.
El Ayuntamiento alerta también de que, si no se suspenden las medidas, podría desencadenarse una cadena de reclamaciones económicas frente a SOGEPSA como vendedora de las parcelas, al haberse transmitido conforme a las condiciones urbanísticas del Plan Especial del Parque Fluvial de La Barquerina, ahora cuestionadas por la Demarcación de Costas. Esta nueva interpretación podría afectar incluso a edificaciones con licencias concedidas hace casi dos décadas.
Según expone el alcalde, la situación podría abrir la puerta a la revisión o incluso a la nulidad de licencias urbanísticas otorgadas conforme a un plan especial aprobado en 2006, que contó en su momento con informes favorables tanto del Ayuntamiento como del Principado de Asturias y de la propia Demarcación de Costas. Asimismo, se apunta a la posibilidad de una revisión del propio Plan Especial de La Barquerina, impulsado desde 2002 por el Principado y el Ayuntamiento a través de SOGEPSA.
Ante la gravedad del escenario, el regidor urge a que la Junta General de SOGEPSA se celebre “a la mayor brevedad posible” y solicita que se facilite información detallada sobre todas las parcelas vendidas por la sociedad en el ámbito de La Barquerina desde 2002, incluyendo compradores y situación actual de la propiedad.
El papel de SOGEPSA
SOGEPSA fue creada al amparo de la Ley 8/1984 como sociedad regional de gestión y promoción del suelo. Constituida en 1984 como entidad de capital mixto, ha tenido un papel central en el desarrollo urbanístico de Asturias. En diciembre de 2024 culminó el proceso para convertirse en una sociedad de capital íntegramente público, con el Principado de Asturias como principal accionista, junto a varios ayuntamientos.
En la actualidad, el consejo de administración está presidido por Borja García y cuenta con representantes del Gobierno del Principado y de las administraciones locales.
El origen del conflicto: el deslinde de 2000
El conflicto actual tiene su origen en el deslinde de Costas tramitado entre 1996 y 2000. Aunque la orden ministerial que lo aprobó recogía la estimación de las alegaciones municipales, los planos mantuvieron una línea de servidumbre de 100 metros en lugar de los 20 metros previstos por la Ley de Costas de 1988 para suelos urbanos preexistentes. Este criterio afecta a tres parcelas del ámbito urbano de La Barquerina.
Durante los últimos 25 años, ninguna administración había considerado esta zona como incluida en la servidumbre de protección, hasta la denuncia presentada por la Demarcación de Costas el pasado 5 de noviembre de 2025, que ha reabierto ahora un conflicto con importantes consecuencias urbanísticas, económicas y jurídicas.
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