El director general de Industria, Luis Ángel Colunga, ha manifestado hoy la satisfacción del Gobierno de Asturias por la sentencia del Tribunal General de la Unión Europea que anula la decisión de la Comisión Europea de exigir la devolución de las bonificaciones concedidas al sector naval español por considerarlas una ayuda estatal ilegal.

Colunga ha señalado que se trata de una decisión “muy positiva” y ha recordado que el Ejecutivo autonómico siempre defendió activamente, junto con las comunidades de Galicia y el País Vasco y el Gobierno central, la legalidad del sistema.

“Creemos que la denuncia de Holanda sólo pretendía eliminar la competencia y beneficiar a los astilleros de su país y así se lo expusimos a los comisarios europeos de la Competencia y de Industria en su momento, a quienes indicamos que las ayudas que concedía España eran perfectamente legales”, ha destacado. Además, el director general ha señalado que se trata de un sistema que se puede aplicar a otros sectores económicos, algo que permite el nuevo modelo de bonificaciones aprobado hace dos años por la Unión Europea.

Por otra parte, Colunga ha avanzado que el Principado valorará, junto con la patronal de los astilleros (Pymar) y el resto de comunidades afectadas, la posibilidad de presentar una reclamación por daños y perjuicios. “Durante este proceso han cerrado muchos astilleros, se ha perdido mucho empleo y los que continuaron abiertos han tenido muchas dificultades”, ha subrayado.

Asimismo, el director general ha lamentado la lentitud de las decisiones judiciales de la Unión Europea y ha pedido que se preste mayor atención a las denuncias interpuestas por un país de forma unilateral, como ha sucedido con el caso de Holanda.

Desde que la Comisión Europea exigió la devolución de ayudas al sector naval en 2013, el Gobierno asturiano mantuvo un contacto permanente con las instituciones europeas en defensa de los astilleros españoles. El Principado, junto al Ejecutivo central, Pymar, los sindicatos UGT y CCOO y las otras dos comunidades más afectadas, Galicia y el País Vasco, acordaron recurrir la decisión de Bruselas sobre el reembolso de las ayudas concedidas en el período 2007-2011.