La consejera de Hacienda y Sector Público, Dolores Carcedo, ha manifestado hoy en la Junta General, durante la comparecencia para exponer las líneas de su consejería para la próxima legislatura, la necesidad de alcanzar un acuerdo en torno a dos grandes puntos que, dada su relevancia, precisarán de un consenso político. Se trata de los próximos presupuestos y de la reforma del modelo de financiación autonómica.

Carcedo ha mostrado su voluntad de buscar el acuerdo que permita que Asturias cuente con presupuestos en 2016. “Saben la convicción con la que defiendo la importancia de disponer de un presupuesto”, ha dicho. Junto a esta premisa, la consejería también se ha marcado el objetivo de elaborar a lo largo de la legislatura una nueva Ley de Gestión Económica, Financiera y Presupuestaria que permita a la comunidad autónoma contar con una normativa actualizada y acorde a las necesidades reales del Principado.

El otro gran punto donde la titular de Hacienda ha reclamado la necesidad de un acuerdo es la reforma del modelo de financiación autonómica. “Todas las fuerzas políticas deberíamos defender a una los intereses de Asturias. Porque nos jugamos mucho, debemos darlo todo”, ha asegurado.

La consejera ha enfatizado la necesidad de que el nuevo modelo traiga consigo el reconocimiento de las particularidades de Asturias: los costes fijos, la dispersión o el envejecimiento de la población. Se trata, ha relatado Carcedo, de que el sistema garantice el principio de equidad y dé estabilidad a los ingresos, evitando la competencia tributaria entre territorios. Para contar con los adecuados ingresos, ha precisado que será imprescindible revisar el sistema fiscal y los tributos cedidos.

 

Dolores Carcedo ha expuesto durante su intervención la intención de proponer un escenario-marco de legislatura en materia de función pública. Se trata de diseñar una hoja de ruta a la que se atengan todas las partes involucradas -Administración, sindicatos y empleados públicos- para repensar la administración pública, la organización del trabajo, la mejora de los servicios, la recuperación de derechos, la mejora de las condiciones de trabajo o el compromiso hacia una mayor transparencia. “Todo ello redundará en la mejor prestación de unos servicios públicos de calidad que es el objetivo final que estoy convencida que todos pretendemos”, ha indicado la responsable de Hacienda.

Junto al escenario-marco, la consejera ha planteado que su departamento no renuncia a la elaboración de una Ley Autonómica de Empleo Público que regule el régimen jurídico de los trabajadores públicos. Los primeros pasos de cara a plantear el escenario-marco se darán la próxima semana cuando se reúnan los integrantes de la Mesa General de Negociación de la Administración del Principado. Carcedo ha reiterado que es voluntad del Gobierno que los empleados públicos recuperen sus derechos perdidos. Así, se abrirán los cauces de negociación con propuestas como la devolución de la paga extra suprimida de 2012, en un calendario que se discutirá en la Mesa General.

También ha adelantado, en materia de función pública, que los planes de la consejería pasan por convocar una oferta pública de empleo para la Administración del Principado el próximo año con el máximo de plazas que permita la formativa estatal, y que alcanzaría, según las estimaciones manejadas, las 128 plazas.

 

La racionalización del gasto dentro de la administración seguirá siendo uno de los grandes objetivos de la consejería. La consejera ha indicado que ya se han dado los primeros pasos con el decreto aprobado hace unos meses y que regula en una única norma la contratación centralizada, el registro de contratos y el de documentación administrativa de licitadores.

 

La consejera de Hacienda ha recordado que en los últimos años se han producido cambios legislativos importantes que han afectado a la administración local, especialmente en lo que tiene que ver con sus competencias y modelo de cooperación. Estos nuevos escenarios hacen necesario que Asturias cuente con su propia Ley de Régimen Local, en la que se fije un nuevo modelo de cooperación institucional a partir de la clarificación de las competencias propias y delegados que deben asumir cada administración. “Debe permitir que haya economías de escala, que se reduzcan los costes de los servicios y que se favorezca el desarrollo local”, ha afirmado.

 

    Texto intervención (Pdf: 238 Kb)

    Audio 1 (Audio: 266 Kb)     Audio 2 (Audio: 238 Kb)     Audio 3 (Audio: 175 Kb)     Audio 4 (Audio: 202 Kb)     Audio 5 (Audio: 214 Kb)