FORO Asturias - Argimiro Rodríguez: “Los casi 12 millones de españoles en riesgo de pobreza constituyen la prueba evidente del fracaso de las políticas del PP de Rajoy”

“Estos datos socioeconómicos prueban que los gobiernos del PSOE y del PP de la última década no se han inspirado en los  principios expuestos en los Tratados de la Unión”

“La situación de desempleo y desprotección social exige cambios profundos en la política europea, nacional y regional”

“España, a la cabeza de Europa en el Impuesto de Sociedades, Valor Añadido y Renta de las Personas Físicas, necesita un acuerdo de la Unión en materia de armonización fiscal”

“La PAC no ayuda a los pequeños agricultores ni facilita la incorporación de los jóvenes que den lugar al relevo generacional en nuestro campo”

Texto íntegro de la conferencia del candidato número 1 de FORO a las Elecciones Europeas, Argimiro Rodríguez, pronunciada hoy en Astorga bajo el título “Directos a Europa”:

Señoras y señores:

Permítanme en primer lugar que les diga que me siento encantado de estar en estas tierras leonesas, que son para mí, mi segunda casa. Mi segunda vivienda. No en vano mis padres son de la vecina comarca de Tierra de Campos, y allí, cerca de Sahagún, tienen lo que con el paso del tiempo, ha vuelto a convertirse en su otro lugar de residencia.

La estrecha relación astur-leonesa hunde sus orígenes en los principios de la Historia. Aquellos habitantes prerromanos, conocidos con el nombre de astures, de los actuales territorios leoneses y asturianos fueron más tarde colonizados y asimilados por los romanos que establecieron un espacio administrativo intermedio entre la civitas y la provincia, conocido como Conventum Asturum, que tenía como capital –bien lo saben ustedes- Asturica Augusta, que no es otra que la ciudad en que nos encontramos, y que se convirtió en el principal centro de romanización y latinización de los astures.

Así pues, antes de que Roma unificara Europa como continente, dándole unas pautas culturales comunes, que todavía hoy identifican a sus pueblos, podemos afirmar que nuestros ancestros prerromanos ya compartían unos usos y formas de vida que les confería una entidad propia. Una entidad que se fue desarrollando y evolucionando en los siglos posteriores. En este contexto de continente europeo, integrado por un conjunto de territorios disgregados, fue el Imperio Romano el que primero dotó de unidad cultural a Europa.

La Unión Europea es hoy un proyecto en construcción que camina desde aquella Europa de las regiones y las provincias romanas hacia la Europa de los ciudadanos del siglo XXI.

Proyecto que difícilmente cristalizará si la deriva que ha tomado como consecuencia de la crisis económica y que se traduce en un control férreo del déficit, en una austeridad irracional y en una descarada prevalencia de los intereses de unos Estados sobre otros, si esta deriva –digo-no se reconduce hacia políticas centradas en la ciudadanía.

Si los ciudadanos y ciudadanas de la Unión no se sienten partícipes del proyecto, si se construye contra sus intereses, el proyecto no cristalizará. Será un proyecto fallido.

La pobreza en Europa está aumentando en forma exponencial. Según los últimos datos, referidos a 2012, hay 124 millones de europeos en riesgo de pobreza. Casi una de cada cuatro personas.

En España los datos son aún peores con un 28,2%. Según el reciente estudio de Cáritas, gratuitamente desautorizado por el Ejecutivo de Rajoy, hay casi 12 millones de afectados. Esta es la prueba evidente de que las políticas aplicadas para hacer frente a la crisis han sido un rotundo fracaso, pues por más que se han reducido los gastos en protección social, no se han logrado enderezar los indicadores económicos.

Un país cuya tasa de paro es del 26%. Casi 6 millones. De más de 46 millones de habitantes, solo hay 17 millones trabajando.

Si nos centramos en León, el número de parados en la provincia, según los datos de la Encuesta de Población Activa, ha registrado una cifra que supone su máximo histórico y que sitúa el total de desempleados en 56.100. El dato, que supone un incremento de 4.800 personas en el primer trimestre de 2014, eleva la tasa de paro hasta el 26,48% -la media de la comunidad es del 22,21- y fija la tasa de actividad en el 50,65%, con 155.900 ocupados. Esta tasa de actividad es incluso inferior a la del Principado de Asturias, que con un 52% ostenta la tasa más baja de todas las Comunidades Autónomas.

Esto sin olvidarnos del 55% de desempleo juvenil con el que  España se retrata en Europa como país incapaz de ofrecer a sus jóvenes otra alternativa que no sea la  frustración o la emigración.

Merkel y Durao Barroso se escandalizan de nuestras cifras de paro pero al mismo tiempo son ellos mismos quienes frustran nuestras posibilidades de reducirlo al decidir unas medidas que chocan contra el principio de solidaridad de la Unión Europea, por el que los países más ricos tienen la obligación de ayudar a los más necesitados en aquellos ámbitos que lo requieran. Esto es algo que se suele olvidar y que nosotros recordaremos, si tenemos la oportunidad, en la Eurocámara.

Estos datos socioeconómicos constatables prueban que las mayorías del PSOE y del PP gobernantes durante los últimos diez años no se han inspirado en los verdaderos principios de los Tratados de la Unión, sino en políticas basadas exclusivamente, como hemos dicho antes, en el control inflexible del déficit, en una austeridad irracional y en una manifiesta prevalencia de los intereses de unos Estados –fundamentalmente Alemania- sobre el resto. Todo lo contrario a la Europa de los ciudadanos. Esta política equivocada ha conducido a España y a sus Comunidades Autónomas a una situación que exige cambios profundos en la política europea, nacional y  regional. Sin duda ninguna, el primer problema social de la Unión Europea es el paro de España.

Tenemos que defender la modificación del objetivo básico de la política europea, la convergencia, para establecerlo no solo en función de niveles de crecimiento y de PIB, sino también en función de las tasas de desempleo, al servicio del cual deben de reorientarse los programas de actuación y la asignación de los recursos de los Fondos de Compensación, así como las directrices  de estabilidad financiera y presupuestaria, y las medidas de estímulo al crecimiento capaces de evitar los procesos de desertización que amenazan a muchas comarcas europeas.

La Unión y sus instituciones deben ser garantes del bienestar social y la igualdad de oportunidades entre la ciudadanía, si se quiere contar con la colaboración de estos en el proceso de construcción europea, que desemboque en una organización verdaderamente democrática, solidaria y convergente entre países y regiones.

Asimismo, la Unión Europea, que hasta ahora era una organización en la que la soberanía residía en los Estados que la constituyen, debe evolucionar hacia una democracia representativa cuyo órgano de decisión se distinga del de los Estados miembros. Es lo que se denomina la corrección del déficit democrático europeo. Si se analizan las instituciones de la Unión, esto es, el Parlamento, el Consejo europeo, el Consejo, la Comisión, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el Banco Central y el Tribunal de Cuentas se ve con claridad que el carácter representativo directo de los ciudadanos es muy reducido. Nosotros pensamos que el déficit democrático, sobre el que casi todo el mundo coincide, solo se resuelve si le damos más competencias al Parlamento y menos a la Comisión y a los Estados miembros, de manera que las acciones de la Comisión y del Consejo no queden fuera del control del Parlamento. Proponemos, por tanto, que la corrección urgente del déficit democrático que existe en el seno de las instituciones de la Unión Europea se resuelva mediante la atribución al Parlamento de las competencias que le son propias en las democracias avanzadas y, en particular, la investidura del Presidente, el nombramiento por éste de los miembros de la Comisión, y el ejercicio del control político pleno de todo el gobierno como en cualquier sistema parlamentario.

Otro de los problemas que debemos afrontar es el de la armonización fiscal. Partimos,  en Europa, de una gran diversidad de sistemas fiscales defendidos celosamente  por los respectivos ministros de Hacienda, que suelen ser los miembros más poderosos de cada gobierno.

La fiscalidad es un conjunto complejo de medidas impositivas que se mantienen en equilibrio precario, y que no siempre responde a criterios de racionalidad o de justicia, sino a menudo a la menor resistencia popular del momento, a la maximización de ingresos del tesoro público y a la creación de riqueza.

En la Unión Europea, la materia de fiscalidad requiere la unanimidad de los Estados miembros, y no es fácil contentar a todos al mismo tiempo. Gran Bretaña y Holanda, por ejemplo, cuentan en estos momentos con sistemas fiscales más flexibles y orientados a facilitar sus tareas a la empresa.

La situación de agravio y perjuicios que produce la no armonización es la razón que nos lleva a proponer su implantación. Entre los efectos perniciosos cabe señalar la deslocalización de empresas. Los ejemplos de abusos son conocidos:

• Irlanda ha utilizado incentivos fiscales para atraerse numerosas inversiones, lo que ha supuesto a veces el cierre de industrias en otros países comunitarios.

• Luxemburgo se ha convertido en sede de sociedades y bancos procedentes de otros países comunitarios establecidos en su territorio sólo para poder realizar transacciones sin quedar gravados por la fiscalidad de los Estados de origen.

• El Reino Unido ha jugado la baza fiscal tanto en:el lanzamiento de la City londinense como tercer mercado financiero tras Nueva York y Tokio, abaratando transacciones bursátiles y con una baja tributación societaria, como en la transformación de Gibraltar en un paraíso fiscal, territorio comunitario que en estos momentos incumple sistemáticamente el régimen jurídico comunitario.

Para España, a la cabeza de la imposición en Europa por los Impuestos de Sociedades, Valor Añadido y Renta de las Personas Físicas, la dispersión fiscal representa un gravísimo problema. No nos debería de extrañar que las multinacionales, pues, se domicilien en Irlanda o Luxemburgo, o que los centros de producción se vayan a Polonia o a los países bálticos. Las inversiones de las empresas en la UE -principalmente las multinacionales y las más grandes, porque para las PYMES es casi imposible- irán allí donde mejores rendimientos puedan obtener, entre otros factores.

Para evitarlo, nosotros defendemos la armonización fiscal que fortalezca la verdadera Unión y evite la deslocalización de empresas derivada de la dispersión fiscal especialmente dañina en los países como España, gobernados por quienes practican una política fiscal que penaliza a las empresas y empobrece a las familias.

Por lo que se refiere a las políticas sectoriales de la Unión, hay dos que tienen aquí especial incidencia: la Política Agraria Común y la minería de carbón.

La nueva PAC, impulsada por Arias Cañete, en lugar de favorecer al pequeño agricultor, con el reparto de ayudas para el periodo 2014-2020, retira el apoyo a miles de productores, que se quedarán sin percibir ninguna clase de ayuda. Mientras que los grandes beneficiados serán las grandes explotaciones agrícolas.

Es el caso, por ejemplo, de las previsiones de la PAC para el sector de la remolacha, cuyo pago se realizará por superficie cultivada y no por tonelada producida. Esta medida, que afectará a unos 900 cultivadores en León, perjudica a los agricultores frente a los propietarios de tierras y choca contra la razón de ser de la agricultura: la producción en cantidad y calidad de alimentos para la sociedad. Si Arias Cañete se preocupara realmente de los intereses de nuestros agricultores habría defendido la regionalización del nuevo modelo de ayudas en función del potencial productivo de las diferentes zonas y, en particular, de la dependencia económica de las mismas del apoyo público, del tamaño medio de las explotaciones, del nivel de gastos, o de la generación de empleo.

Estos profesionales van a ver recortadas esta campaña sus ayudas directas en un 10% al decidir el Ministerio de Agricultura aplicar un recorte lineal para ajustarse a los límites presupuestarios, que no es otra cosa que la disciplina financiera para, una vez más, someterse al control del déficit. Según la reglamentación comunitaria, se podría exceptuar de este ajuste a los agricultores que en 2013 declararon menos de 5.000 euros. Sin embargo, el Ministerio de Arias Cañete ha decidido no hacer uso de esta flexibilidad que permite la Unión Europea.

Frente a las políticas defendidas por el PP en la PAC, FORO apuesta por facilitar la incorporación de jóvenes agricultores que den lugar al relevo generacional en nuestro campo. Esta es una de nuestras asignaturas pendientes. Y esto debe incentivarse. No puede ser que en Francia un joven agricultor que quiere iniciar su andadura en el sector reciba una ayuda de 120.000 euros, mientras que en España sólo alcanza entre los 35.000 o los 40.00 euros, cuando llega el dinero, en función de la comunidad autónoma.

Relacionado con el relevo generacional, otro aspecto clave en estas comarcas es el de la convergencia de las zonas rurales con las zonas urbanas, por lo que es fundamental gestionar en clave europea que sus habitantes dispongan de una adecuada  atención sanitaria,  educación para sus hijos, así como de actividades de ocio y tiempo libre, y una adecuada red de telecomunicaciones básica para el asentamiento poblacional. Para ello proponemos que los fondos de desarrollo rural se destinen al autoempleo en las zonas rurales, en todos los sectores y actividades, como pueden ser la industria agroalimentaria o el turismo rural, con prioridad al empleo femenino, que evite la despoblación progresiva de los territorios. Reclamamos la orientación de las ayudas de la Política Agraria Común hacia  la convergencia de los niveles de renta y de bienestar de las zonas rurales con los de las zonas urbanas, que permita favorecer el crecimiento de la Unión Europea y aleje el fantasma de la despoblación de grandes comarcas rurales.

Disponemos de un único combustible fósil autóctono, el carbón, como medio para salvaguardar la soberanía energética de España. Por eso es incomprensible que, mientras el resto de países productores de la Unión Europea tienen puestas las miras en el futuro, sea España la única que ha decidido, con el acuerdo previo del PP-PSOE, que el sector debe desaparecer.

El Partido Socialista español tenía ya muy claramente orquestado el final de la minería para el año 2014, ya que el Borrador que se presenta en la Unión Europea por el Sr. Almunia para dar continuidad al carbón, de forma sorprendente, fija también el fin de las ayudas al sector en el año 2014. La misma fecha que había previsto el Gobierno de Zapatero para que cesase la obligación para las térmicas españolas de comprar carbón nacional.

Y cuando parecía que poco más se podía hacer para destruir el sector en nuestro país, accede al gobierno el Partido Popular que en su primer consejo de Ministros decide de un plumazo eliminar los Fondos Mineros. Son 267 millones que tiene retenidos el señor Rajoy, tras haber recurrido la sentencia que declaraba ilegal la decisión de eliminarlos.

FORO cree firmemente que el esfuerzo y las inversiones de todos estos años no han sido en balde y que actualmente muchas de nuestras explotaciones son absolutamente rentables, siendo por tanto un sinsentido abocarlas al cierre.

FORO luchará por la pervivencia del sector, por la recuperación del concepto de reserva estratégica, por la necesidad de líneas específicas de financiación para la efectiva reactivación de los territorios mineros, por la recuperación medioambiental y por cuantas medidas sean adecuadas y necesarias por mantener y mejorar el carbón español.

El próximo lustro se discutirán en el Parlamento todas estas políticas que nos afectan de lleno. Las políticas activas de empleo, la armonización fiscal, la corrección del déficit democrático, la PAC o la minería del carbón. Los ciudadanos que quieran tener presencia en el Europarlamento, que sepan que, por primera vez, pueden contar con un partido que dirá lo mismo en Asturias, en León, en Madrid y en Estrasburgo.

Casi un millón y medio de asturianos y de leoneses están llamados a votar y pueden decidir un buen número de eurodiputados sin depender de lo que decidan en otras comunidades. Unos lo harán y otros se abstendrán. Los que acudan a las urnas satisfechos de lo que han conseguido el PSOE y el PP, no tienen ningún problema para decidir que todo siga igual. Pueden seguir dando vueltas al mismo laberinto sin salida.

Pero los insatisfechos, los que se quejan, los que protestan, los que critican, los que se sienten engañados, por responsabilidad y por coherencia deberían de impulsar un cambio para mejorar y para progresar. Acabamos de presentar una propuesta para un cambio que comienza por proclamar ‘Más León, mejor España’, lo mismo que ‘Más Asturias, mejor España’, porque estamos convencidos de que la unión, más que la unidad, es el camino del futuro en Europa.