Coto: “La pérdida de 247’5 millones de euros en la ampliación de El Musel exige aparcar el peloteo inútil de PP y PSOE y determinar urgentemente las responsabilidades políticas”

“El informe de la OLAF describe irregularidades, ilegalidades y/o fraudes en el desarrollo de las obras de ampliación que deben  de ser depurados”

“Estamos ante un escándalo de sobrecostes en una obra de gran trascendencia económica y social  que ha dañado el Producto Interior Bruto (PIB) de nuestra región”

“La Comisión de Investigación sobre Fondos Mineros debe abarcar a todos los programas y a todas las instituciones que los recibieron, gestionaron, y adjudicaron directamente o por convenio”

“Limitar el ámbito de la Comisión responde a una intencionalidad política para evitar que se indaguen los programas y organismos en los que apenas hubo controles administrativos o parlamentarios”

La portavoz de FORO en la Junta General, Cristina Coto, ha anunciado que su grupo parlamentario ha registrado una solicitud de constitución de una Comisión de Investigación en la Junta General sobre la ampliación del Puerto de El Musel para determinar las responsabilidades políticas derivadas de la existencia de las irregularidades, ilegalidades y/o fraudes detectados por la OLAF”.

Asimismo en relación a la Comisión de Investigación sobre Fondos Mineros, Coto ha afirmado que “FORO propone que se investigue a todas las instituciones que los recibieron, gestionaron y adjudicaron, directamente o por convenio”.

“La pérdida de 247’5 millones de euros en la ampliación de El Musel exige aparcar el peloteo inútil de PP y PSOE y determinar urgentemente las responsabilidades políticas”, indica la diputada, que cree que “el informe de la OLAF describe irregularidades, ilegalidades y/o fraudes en el desarrollo de las obras de ampliación que deben  de ser depurados”. “Estamos ante un escándalo de sobrecostes en una obra de gran trascendencia económica y social  que ha dañado el Producto Interior Bruto (PIB) de nuestra región”, añade.

            Coto recuerda que “el pasado viernes 24 la Comisión Europea envió al Gobierno de España una propuesta de cierre al expediente sobre la subvención para la ampliación de El Musel, en la que ratifica la petición de devolución de las ayudas recibidas, que son 198 millones de euros ya abonados más una cancelación de 49’5 pendientes de recibir, lo que conlleva la pérdida para nuestra Comunidad Autónoma de un total de 247,5 millones de euros, todo ello en el contexto de una obra de una extraordinaria trascendencia económica y social  dada la gran repercusión de la actividad portuaria en el Producto Interior Bruto (PIB) de Asturias”.

La portavoz también recuerda que esta petición de devolución de las ayudas tiene como antecedente inmediato un “durísimo informe de la Oficina Anti fraude de la Unión Europea, que fue dado a conocer por el senador de FORO Isidro Martínez Oblanca el pasado 14 de mayo, en cuanto lo recibió, como respuesta a una petición formulada a través de El Senado”.

            “Es una obligación incuestionable que nuestra Comunidad Autónoma determine, en el marco de sus competencias, la legalidad de la ejecución del Proyecto de ampliación del Puerto de Gijón-  El Musel, obra cofinanciada por el Fondo de Cohesión Europeo y cuya aprobación tuvo lugar el 13 de diciembre de 2004 por la Comisión Europea, siendo adjudicada por la Autoridad Portuaria de Gijón el 4 de enero de 2005 a la UTE denominada Dique Torres”, destaca  Coto.

La diputada también quiso recordar que los trabajos comprendían la realización de un nuevo dique de abrigo con tres alineaciones principales formando una dársena de 145 hectáreas de aguas protegidas, además de la construcción de un muelle situado al Norte de la misma y que el importe máximo de gasto subvencionable se elevó a 450 millones de euros y el importe máximo de la ayuda del Fondo de Cohesión fue de 247,5 millones de euros, equivalente al 55% de los gastos elegibles subvencionables. “Quiero recordar que las irregularidades de las obras comenzaron en 2004 con el proceso de adjudicación en el que se excluyó a empresas que ofrecían mejores condiciones de ejecución y canteras propias”, añadió.

 “En el transcurso de la obra, la empresa adjudicataria (UTE Dique Torres) demandó a la Autoridad Portuaria de Gijón una modificación del contrato en base a un incremento en el precio de los materiales de canteras suministrados para la obra, cuando la empresa adjudicataria había firmado previamente un contrato para extraer parte de esos materiales sin ninguna contraprestación directa, con lo que nos encontramos con el primer incidente, y una vez que el Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Gijón aprobó dicho incremento, que representaba un sobrecoste de 216 millones de euros (IVA excluido), la Autoridad Nacional de Gestión del Fondo de Cohesión solicitó a la Comisión Europea el 26 de marzo de 2008, una modificación de la decisión adoptada en su momento, basándose en el citado incremento, que implicaba que el coste total del proyecto pasaría de 450 a 715 millones de euros”, explicó Coto. “Europa no acepto dicha modificación del Proyecto inicial”, añadió.

La portavoz también indicó en la rueda informativa que ofreció sobre este tema que “el 18 de marzo de 2009, se presenta por un miembro del Parlamento Europeo una denuncia ante la Oficina Europea de lucha contra el Fraude (OLAF), en base a la existencia de posibles irregularidades en la ejecución del proyecto”. “Las irregularidades denunciadas hacían referencia tanto a un posible exceso del coste de las obras (el importe del sobrecoste incurrido sería de 216 millones de euros) como a un eventual conflicto de intereses que derivaría de una acuerdo previo al inicio del procedimiento de adjudicación del contrato público, que tenía como objeto la utilización de una cantera específica para el suministro de los materiales necesarios para las obras de ampliación”, añadió.

“Como consecuencia de ello el 2 de diciembre de 2010, la OLAF abre una investigación con el fin de establecer la existencia de irregularidades o un eventual fraude en el ámbito del proyecto cofinanciado, entendiendo necesaria la realización de controles in situ a la empresa adjudicataria, UTE Dique Torres, a la Autoridad Portuaria de Gijón como beneficiaría de la ayuda, a los suministradores de los materiales, así como a empresas de transporte de los mismos”, afirma Coto.

“¿Se hicieron estos controles?”, se pregunta la portavoz. “Conviene señalar que la empresa adjudicataria, en el ámbito de la investigación, denegó a la OLAF el acceso a todos los registros contables y documentos fiscales, imposibilitando la revisión específica del coste del proyecto, lo que ha constituido una violación de varios Reglamentos Comunitarios relativos a la protección de los intereses financieros, a los principios de buena gestión financiera de cooperación con la Comisión y de garantía de que los gastos presentados son exactos, y cuya base son los sistemas contables basados en documentos justificativos comprobables”, afirmó la diputada.

Coto destaca que “de las investigación efectuadas, la OLAF concluye en su informe que claramente se han cometido graves irregularidades, incluso fraude, bien directamente por el beneficiario ‘Autoridad del Puerto de Gijón’ o bien por el adjudicatario ‘UTE Dique Torres’ en connivencia con el beneficiario, principalmente las referidas a la violación de los principios de no discriminación y transparencia, establecidos en Directivas de la UE y la legislación nacional de aplicación, así como graves deficiencias en los sistemas de gestión y de control que debe llevar a cabo el beneficiario, dirigidos a garantizar la legalidad, la regularidad y la elegibilidad de los gastos cofinanciados por el Fondo de Cohesión”.

“Sabemos que el Gobierno de España ha presentado alegaciones a dicho informe final, pero la Comisión Europea las resuelve ratificando el contenido del informe y notificado, como antes les decía, mediante carta de 24 de octubre de 2014 el cierre del expediente de la subvención y, la retirada al Puerto de Gijón- El Musel de los 247,5 millones de euros concedidos”, añadió

Finalmente y en relación a la Comisión de Investigación sobre Fondos Mineros, Coto ha afirmado que “FORO propone que se investigue a todas las instituciones que los recibieron, gestionaron y adjudicaron, directamente o por convenio. En concreto, la Comisión Parlamentaria de Investigación en el seno de la Junta General, tiene que investigar a todas las Instituciones que recibieron, gestionaron o adjudicaron los recursos de los Fondos Mineros de los diferentes Planes de la Minería, bien directamente o por Convenio, en los siguientes capítulos

1º.- Fondos para infraestructuras. Instituciones

Ministerios

Principado

Ayuntamientos Mineros

 

2º.- Formación y Becas. Instituciones:

Fundescor

3º.- Proyectos empresariales. Instituciones:

Instituto del Carbón (Ministerio de Industria) e IDEPA (Principado)

4º.- Ayudas a la Producción. Instituciones:

Instituto del Carbón (Ministerio de Industria)

“Sobre los Fondos para Infraestructuras, estamos hablando de diversos ministerios, del Principado y de los ayuntamientos mineros”, añade. Además, para Coto “resultan imprescindibles los capítulos relativos a formación y becas, donde el FUNDESFOR era el órgano dependiente del Instituto que gestionaba los fondos dedicados a la formación que recogían los planes dedicados a la minería; proyectos empresariales en los que el Instituto de Carbón firmó Convenios con el IDEPA y asigno y distribuyó las subvenciones conocidas como ayudas a la producción”.

“Limitar el ámbito de la Comisión responde a una intencionalidad política para evitar que se indaguen los programas y los organismos en los que apenas hubo controles administrativos o parlamentarios; o se investigan los fondos mineros o no se investigan. Investigar partes, hace la comisión ineficaz”, concluyó.