Cristina Coto: “El informe de fiscalización alerta de que en el SERPA se incumplen los requisitos de igualdad, mérito y capacidad, lo mismo que denunció la Sindicatura cuando elaboró el del GITPA”

“Estas prácticas reiteradas contradicen el falso discurso de Javier Fernández supuestamente a favor de la transparencia y la regeneración política”

“Las empresas públicas que pagamos todos los asturianos no pueden ser el paraguas de los colegas de partido, que es el modelo de la izquierda asturiana”

Tras conocer el informe de fiscalización sobre la empresa de pública Sociedad de Servicios del Principado de Asturias (SERPA) del ejercicio 2013, la presidenta de FORO, Cristina Coto, manifestó esta mañana que “la Sindicatura vuelve a dar un nuevo tirón de orejas al Principado por ilegalidades en la contratación de personal para el SERPA”. Se refiere a que “durante el año 2013 se contrataron 7 personas en el SERPA cuyo proceso de selección consistió en la valoración de los curriculums presentados, la preselección de candidatos, una entrevista personal y una prueba escrita y/o práctica a criterio de la comisión de selección, pero no se han tenido en cuenta los criterios de igualdad, mérito y capacidad”.

 

Cristina Coto explica que “en el ámbito de su competencia fiscalizadora, la Sindicatura de Cuentas acordó aprobar en su Programa Anual de Fiscalización para el año 2015, el Informe relativo a la SERPA que abarca la actividad desarrollada por la sociedad en el ejercicio 2013, incluyendo el examen de su actividad económico-financiera, la contratación realizada por la misma, la legalidad de las encomiendas de gestión recibidas del Principado de Asturias y la verificación de las formas de acceso del personal de la empresa pública así como su adecuación a la legalidad”.

 

“En este sentido –añade Coto- y en lo referente a la política de personal desarrollada por la SERPA, la Sindicatura de Cuentas, como pasa en la mayor parte de los Informes de la misma y referidos al  sector público autonómico concluye que ‘se produjeron durante el ejercicio siete altas de personal sin que conste el cumplimiento de los requisitos de igualdad, mérito y capacidad’. Es decir, el informe de fiscalización alerta de que en el SERPA se incumplen los requisitos de igualdad, mérito y capacidad, lo mismo que denunció la Sindicatura cuando elaboró el del GITPA”.

 

La presidenta de FORO comenta que “el Estatuto Básico del Empleado Público, en su Disposición Adicional 1ª, estipula que los artículos referidos a códigos éticos y de conducta, entre los que se encuentra que la forma de acceso, debe regirse por los principios de igualdad, merito y capacidad, será de aplicación a las entidades que conforman el sector público empresarial autonómico”.

 

El problema, a juicio de Cristina Coto, es que “esta práctica de incumplir requisitos legales no es nueva en el gobierno de Javier Fernández porque se viene practicando la opacidad y el amiguismo en la contratación desde siempre. No es algo que diga FORO porque el último Informe de fiscalización de la empresa pública GITPA, incide  sobre lo mismo y concluye también que en esta sociedad tampoco queda acreditado el cumplimiento en la contratación de los principios de igualdad, merito y capacidad. Las empresas públicas que pagamos todos los asturianos no pueden ser el paraguas de los colegas de partido, que es el modelo de la izquierda asturiana”.

 

En suma, según tiene contabilizado la presidenta de FORO, “de los tres últimos informes aprobados por la Sindicatura, que han sido los de SERPA y GITPA, ambos  plantean el mismo incumplimiento legal, y en cuanto al Informe relativo a las Mancomunidades Suroccidental, Cabo Peñas y Nora, ni siquiera se ha podido emitir opinión al respecto, por no disponer de datos que se lo permitan”.

 

“Pero es más –continúa Cristina Coto- en GITPA se externaliza el asesoramiento jurídico a través de contratos menores contradiciendo el artículo 23 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público y encima los importes facturados superan los límites legalmente establecidos para la contratación  menor, lo que implica indicios de un fraccionamiento indebido”.

 

A raíz de todas estas irregularidades, Cristina Coto asegura que “estas prácticas reiteradas contradicen el falso discurso de Javier Fernández supuestamente a favor de la transparencia y la regeneración política”.