Cristina Coto: “La anulación judicial de las contrataciones externas de la fábrica de armas es un nuevo varapalo a una forma de proceder que ha desmantelado la industria armamentística asturiana, en medio del pasotismo del gobierno de Javier Fernández”

“Se confirma la persecución a los despedidos, pues tras acordar la creación de una bolsa que pudiera contar con ellos para cubrir futuras necesidades de la empresa, han visto como se recurría a la externalización cuando llegó carga de trabajo”

“Las conclusiones de la sentencia son contundentes al entender que se vulneraron los derechos de información y negociación de los trabajadores en el proceso de externalización”

La presidenta de FORO, Cristina Coto, valoró esta mañana la reciente sentencia del Juzgado de lo Social número 6 de Oviedo que anula la externalización de la empresa Santa Bárbara Sistemas, obligándola a retomar el proceso de negociación de las contrataciones externas, ya que se habían contratado trabajos fuera sin negociar previamente con los representantes de los trabajadores de la Fábrica de Armas de Trubia. Coto entiende que “la anulación judicial de las contrataciones externas de la fábrica de armas es un nuevo varapalo a una forma de proceder que ha desmantelado la industria armamentística asturiana, en medio del pasotismo del gobierno de Javier Fernández”.

“Las conclusiones de la sentencia son contundentes al entender que se vulneraron los derechos de información y negociación de los trabajadores en el proceso de externalización”, añadió.

“Esta sentencia –señaló Coto- confirma la persecución a los despedidos, pues tras acordar la creación de una bolsa que pudiera contar con ellos para cubrir futuras necesidades de la empresa, han visto como se recurría a la externalización cuando llegó carga de trabajo”.

“La situación adquiere tintes grotescos si se atiende a la evolución de un conflicto que se arrastra desde 2012”, y recordó que “los despedidos de la Fábrica de Armas en aquel más que dudoso ERE, contra el que actualmente se siguen actuaciones judiciales, ven una vez más mermado su derecho a la información cuando se están contratando servicios externos que antes se desarrollaban en la empresa”, advierte Cristina Coto.

La presidenta de FORO calificó este hecho de “incumplimiento del Acuerdo de Empleo de 2015; hace unos meses, en noviembre de 2015, empresa y trabajadores acordaron crear una bolsa de demandantes de empleo con los trabajadores despedidos y relevistas con el fin de cubrir las futuras necesidades de la empresa, que ahora externaliza tareas evidenciando que hay carga de trabajo y, a mayores, lo hace lesionando el derecho a la información de los representantes de los trabajadores”.