FORO Asturias - Sostres: “FORO pide a Rajoy que promueva la creación de un Tribunal Penal Internacional para el Congo para luchar contra los crímenes de genocidio”

FORO se hace eco con esta iniciativa de las reivindicaciones de Caddy Adzuba durante la entrega de los últimos Premios Príncipe de Asturias

El diputado asturiano presenta en el Congreso una Proposición no de Ley para que el Gobierno cumpla con el compromiso contraído por el presidente en el debate sobre la Cumbre Europea

El diputado de FORO en El Congreso, Enrique Álvarez Sostres, ha presentado en el registro del Congreso una Proposición no de Ley que insta al Gobierno a adoptar cuantas iniciativas sean necesarias para promover la creación de un Tribunal Penal Internacional (TPI) para la República Democrática del Congo similar al que se creó para Ruanda.

Además, la iniciativa parlamentaria solicita al Gobierno que “con el objetivo de reforzar su mandato, propicie el inicio de un procedimiento ante la Corte Penal Internacional (CPI) con sede en La Haya, para investigar y enjuiciar los crímenes de genocidio y lesa humanidad cometidos en ese país, evitando que queden impunes”.

De esta forma, FORO quiere que se cumpla, a través del mandato del Congreso de los Diputados, el compromiso contraído el pasado 29 de octubre, en el Pleno de la Cámara, por el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, a petición del propio Álvarez Sostres.

El diputado de FORO (haciéndose eco de las reivindicaciones de la periodista Caddy Adzuba expuestas durante su discurso al recoger el premio de la Concordia en la entrega de los Premios Príncipe de Asturias) había pedido a Rajoy que España lidere la lucha por erradicar la discriminación y violencia contra las mujeres y las minorías étnicas, y la creación de un Tribunal Penal Internacional para la República del Congo.

Rajoy respondió anunciando que España está dispuesta a estudiar cualquier propuesta para luchar contra los crímenes internacionales, y, añadió, “lo haremos también desde nuestra condición de miembro del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas”.

La PNL de FORO se une a las preguntas parlamentarias por escrito que ya efectuó Enrique Álvarez Sostres la semana pasada. Éste es el texto íntegro de la Proposición no de Ley: 

“El 24 de octubre de 2014 tuvo lugar la ceremonia de los premios Príncipe de Asturias para galardonar a los mejores representantes de la humanidad en las distintas categorías y candidaturas.

Éste ha sido el año en que se inaugura el reinado de Felipe VI y esto puede significar una nueva puesta de escena para presentar en el mundo, el papel real  de España en la primacía y defensa de los valores éticos y morales. Los premios Princesa de Asturias, que siempre cuentan con la representación del Gobierno de España y del Principado y de altas instituciones del Estado y de la Comunidad Autónoma, deben dar una paso más, superando las meras fórmulas de cortesía imperantes en el acto de entrega, con sus grandes mensajes a la humanidad.

La periodista Caddy Adzuba, Premio “Príncipe de Asturias” de la Concordia, por ser el símbolo de la lucha pacífica contra la violencia que afecta a las mujeres, la pobreza y la discriminación, tras describir los horrorosos crímenes contra la Humanidad que se están cometiendo en su país contra las mujeres y los niños con ocasión de la entrega de dichos premios, hizo esta petición pública ante varios miembros del Gobierno de España, entre ellos la Vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, y el Ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García-Margallo:

“España sabrá intervenir con todo su peso ante la comunidad internacional en favor de esas mujeres congoleñas que sólo piden poder vivir en paz en su país y satisfacer las necesidades de sus hijos. Esta justicia requiere instituciones fuertes y competentes. Por ello sugerimos que se cree un Tribunal Penal Internacional (TPI) para la República Democrática del Congo como el que se creó para Ruanda. De manera que los crímenes cometidos contra las mujeres congoleñas en estos últimos 18 años no queden impunes, y para reforzar al mismo tiempo el mandato de la Corte Penal Internacional”.

El pasado día 29 de octubre, durante la comparecencia ante el Pleno del Congreso de los Diputados del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, para dar cuenta de la última cumbre europea, este diputado pidió al presidente que España lidere la lucha por erradicar la discriminación y violencia contra las mujeres y las minorías étnicas, y la creación de un Tribunal Internacional para el Congo.

Las palabras textuales del diputado que firma esta PNL fueron las siguientes: “Señor Rajoy, nos alegraría que España liderase en el Consejo de Europa el triunfo del imperio del derecho en materia de derechos humanos, la lucha contra la discriminación, la violencia contra las mujeres y las minorías étnicas. Al igual que pidió a su Gobierno a través de su vicepresidenta, que estaba en los premios Príncipe de Asturias, la periodista Caddy Adzuba, premio de la Concordia, y a través de su boca millones de mujeres, su apoyo para la creación de un Tribunal Penal Internacional para el Congo, yo aprovecho esta ocasión para reiterarle esa petición.”

El presidente del Gobierno se comprometió ante la Cámara a elevar esta petición al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. El señor Rajoy dijo textualmente: “Señor Sostres, el tema del Congo es muy importante. Nosotros estamos dispuestos a estudiar cualquier propuesta que permita una lucha efectiva contra los crímenes internacionales, y lo haremos también desde nuestra nueva condición de miembro del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas”.

Por otro lado, expertos en Derecho Internacional consideran que lo que propone Caddy Adzuba es la creación de un Tribunal Penal Internacional similar al creado en su día para el genocidio de Ruanda. Similar pero no idéntico.

El Tribunal de Ruanda fue un Tribunal ad hoc creado por una Resolución del Consejo de Seguridad y en este caso lo que se trataría es de propiciar un proceso ante un Tribunal permanente que no depende de las Naciones Unidas: la Corte Penal Internacional (CPI), que es una institución permanente e independiente, con competencia para investigar y enjuiciar los crímenes identificados en su Estatuto fundacional (Estatuto de Roma) que hayan sido cometidos por individuos a partir del 1 de julio de 2002.

La CPI tiene competencia, de conformidad con el Estatuto de Roma, respecto de los siguientes crímenes: genocidio, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra.

Su sede está en La Haya y su Estatuto ha sido ratificado por 122 Estados, entre ellos la República Democrática del Congo, cuyos ciudadanos y autoridades han sido y son objeto de varios procesos por crímenes de guerra ante la CPI.

El Consejo de Seguridad y cualquier Estado que haya ratificado el Estatuto (y España lo ha hecho) puede(n) requerir (fundada y documentadamente) la intervención de la CPI (en principio, de su Fiscalía), que puede ejercer su jurisdicción si el Estado en cuyo territorio se haya cometido el crimen denunciado ha suscrito a su vez el Estatuto de Roma (y la República Democrática del Congo lo ha hecho) y siempre y cuando, siguiendo el procedimiento reglamentario, haya una base razonable para iniciar una investigación (que desencadene luego en un proceso).

Es decir, una base razonable que también puede obtenerse de particulares, organizaciones gubernamentales y no gubernamentales y de cualquier otra fuente que se estime fiable. Los particulares y las organizaciones pueden dirigirse directamente a la Fiscalía de la CPI a través de las comunicaciones previstas en el artículo 15 del Estatuto de Roma.

En virtud de lo anteriormente expuesto, y en atención a la urgencia de erradicar los graves hechos denunciados por Caddy Adzuba, se presenta la siguiente Proposición no de Ley:

El Congreso de los Diputados insta al Gobierno de España a:

1. Adoptar cuantas iniciativas sean necesarias para promover la creación de un Tribunal Penal Internacional (TPI) para la República Democrática del Congo similar al que se creó para Ruanda.

2. Con el objetivo de reforzar su mandato, propiciar el inicio de un procedimiento ante la Corte Penal Internacional (CPI) con sede en La Haya, para investigar y enjuiciar los crímenes de genocidio y lesa humanidad cometidos en ese país, evitando que queden”.