PACMA lleva a los tribunales el plan de control del lobo en Asturias por su presunta ilegalidad

El PACMA ha interpuesto una demanda contencioso-administrativa ante el Tribunal Superior de Justicia del Principado de Asturias contra la Resolución de la Consejería de Medio Rural y Política Agraria que aprueba el Programa Anual de Actuaciones de Control del Lobo 2025-2026.

La formación animalista sostiene que dicho programa autoriza la captura y muerte de ejemplares de lobo a pesar de que la especie se encuentra en un estado de conservación desfavorable en todo el territorio español. Esta circunstancia, señalan, queda reflejada tanto en los informes oficiales remitidos por el Estado español a la Comisión Europea como en el reciente censo nacional del lobo.

PACMA considera que el plan vulnera de forma directa la normativa europea y nacional de protección de la fauna, al permitir medidas letales en un contexto en el que la legislación comunitaria exige extremar la protección de las especies en situación desfavorable. En este sentido, el partido recuerda que la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea establece que no pueden adoptarse medidas de este tipo mientras no se alcance un estado de conservación favorable, incluso en aquellas zonas donde se contemplan actuaciones de gestión.

Según la demanda, la Administración autonómica habría optado por la caza como principal herramienta de control poblacional, dejando en un segundo plano el principio de precaución ambiental y las obligaciones derivadas de la Directiva Hábitats.

Cuestionamiento de los informes técnicos

En el recurso presentado, PACMA cuestiona la validez científica de los informes técnicos en los que se apoya el programa, al considerar que sobreestiman la población de lobos, omiten datos relevantes sobre su situación real y no se ajustan a los criterios metodológicos exigidos por la normativa europea.

Asimismo, el partido animalista denuncia la ausencia de una estrategia efectiva de coexistencia con la ganadería. A su juicio, el plan no prioriza ni desarrolla de manera suficiente medidas preventivas como la protección del ganado, el uso de mastines, los cerramientos adecuados o una política de compensaciones vinculada a la prevención de daños.

La formación política también señala una presunta falta de transparencia y de participación pública durante la tramitación del programa, al no haberse garantizado un trámite de audiencia real ni el acceso completo a la información ambiental. Esta situación, sostienen, podría vulnerar el Convenio de Aarhus y la legislación española en materia de participación ciudadana.

PACMA concluye que la demanda se presenta en defensa del patrimonio natural común y de la conservación de la biodiversidad, frente a un modelo de gestión que, a su criterio, prioriza los intereses cinegéticos sobre la protección del medio natural.