José Manuel Lago señaló que dicho decreto «permite la mercantilización de la inspección ambiental, abriendo la puerta a la contratación de las inspecciones con empresas externas, empresas que habitualmente trabajan para las propias industrias contaminantes en asesoramiento ambiental, por lo que parece evidente que no tendrán mucha independencia, así que ya nos podemos imaginar cuál puede ser el resultado de las inspecciones; el conflicto de intereses parece evidente». En ese sentido, subrayó que «según establece la ley, el Principado tiene obligación de controlar las industrias contaminantes, pero no lo está haciendo porque no dispone de suficiente personal inspector cualificado para ello. Llevamos años reclamando una ampliación de plantilla.