El Tribunal Superior de Justicia habla de "dolo, falta de buena fe y maliciosa ocultación de datos a los trabajadores" de la constructora pública, controlada al 60 por ciento por el Gobierno regional

El Grupo Parlamentario Popular pedirá a la consejera de Hacienda y Administraciones Públicas, la socialista Dolores Carcedo, explicaciones sobre las consecuencias que tendrá para el Principado el "varapalo judicial" del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA), que ha declarado nula la decisión de la constructora pública Sedes –de la que el Gobierno regional controla el 60 por ciento de las acciones- de extinguir 38 contratos de trabajo y suspender seis.

A juicio de Cuervas-Mons, esta “dura" sentencia que “demuestra que el expediente de regulación de empleo de Sedes se tramitó de una manera irregular”. En el texto del TSJA se habla de “dolo, de falta de buena fe y de maliciosa ocultación de datos a los trabajadores”, subrayó.

El parlamentario juzga necesario y “urgente” que la consejera explique "cómo afecta esto a la primera ley de Reforma del Sector Público, en lo que se refiere al aspecto de la enajenación de los títulos participativos de Sedes, que quedó paralizada por este ERE".

La sentencia obliga a la constructora a la incorporación de estos trabajadores, razón por la que Cuervas-Mons ha reprochado a Caicedo que, cuando se preguntó a la consejera en sede parlamentaria por la ley de reestructuración del sector público, "hablase de compromiso para mantener la plantilla actual y dijera que todo se estaba negociando con los trabajadores". “Ahora se demuestra que no se ajustaba a la verdad", apostilló.