UPyD Asturias - Prendes ve «sonrojante» e «inaceptable» que Villa tuviera hasta cinco fuentes de ingresos

José Ángel Fernández Villa, investigado por la Fiscalía Anticorrupción tras haber regularizado 1,2 millones a través de la amnistía fiscal, fue capaz de compatibilizar durante una década muy complicada para el sector de la minería, y en pleno proceso de reconversión del carbón, hasta cinco fuentes de ingresos: su pensión de incapacidad permanente, las retribuciones por su condición bien de diputado en la Junta o bien de senador, los honorarios por su participación en el consejo de administración de Hunosa, las compensaciones que el SOMA ha reconocido que le abonaba (aunque se desconoce su cuantía) y las dietas por la asistencia de sus compañeros al comité intercentros pagadas por la hullera con talón a su nombre y que no constan en la contabilidad del SOMA. Una relación de pagas que, para el presidente de la comisión de investigación del ‘caso Villa’, Ignacio Prendes, es «sonrojante» y «moralmente inaceptable» sin perjuicio, añade, de que también sea «jurídicamente irregular» si se confirma que estos cobros pudieran haber sido, incluso, incompatibles.

El también diputado de UPyD cree que esta suma de fuentes de ingresos no es más que el resultado del poder sindical y político que el ex secretario del SOMA fue arañando durante décadas, en una etapa caracterizada por la «opacidad» y el «descontrol absoluto» de los ingresos de los cargos públicos, lo que le convirtió en una «máquina registradora de fondos sin control».

Prendes opina que este enriquecimiento por parte de José Ángel Fernández Villa -que al margen de su fortuna oculta ingresó a lo largo de 31 años unos 1,23 millones de manera pública, legal y conocida por el fisco- no pudo ser posible sin la «complicidad» de quienes, tanto desde el ámbito sindical como político, favorecieron esta acumulación de cargos e ingresos y el descontrol de los fondos mineros que se gestionaban en esos momentos. «Unos fondos que han servido para consolidar la estructura de un poder sindical en Asturias muy fuerte que ha condicionado la política regional en los últimos años», reflexiona Prendes, quien, a expensas de que concluya la comisión de investigación, ya adelanta que deberán derivarse responsabilidades por esta falta de planificación y evaluación de los fondos mineros «que permitió que determinadas personas fueran juez y parte en el uso de los miles de millones de euros que recibió Asturias para la reactivación de las comarcas mineras».

En relación al desarrollo de la comisión de investigación del ‘caso Villa’, Prendes es especialmente crítico con el silencio y la falta de colaboración por parte del SOMA y del Gobierno central. Tilda de «inaudito» que el sindicato que lideró durante más de 30 años José Ángel Fernández Villa se haya negado a aportar documentación alguna sobre los ingresos de su ex secretario general, esgrimiendo para ello la Ley de Protección de Datos, cuando, recuerda el diputado, la normativa actual obliga a las centrales a facilitar ese tipo de información. «El silencio del SOMA no hace más que generar sospechas. Tienen que darnos información si no quieren que el ‘caso Villa’ se convierta en el ‘caso SOMA», exige Prendes, quien tiene intención de llamar a comparecer ante la Junta General a los responsables financieros del sindicato durante la etapa en la que Villa era su máximo representante.

El mismo reproche por su falta de colaboración realiza el abogado gijonés al Gobierno central después de que ni el Instituto Nacional del Carbón ni la Fundación para el Desarrollo de Formación en las Zonas Mineras del Carbón (Fundesfor) aportasen la documentación requerida por parte de la Junta General. «Ni tan siquiera la información que solicitó su propio partido, el PP», apostilla el parlamentario, para luego agradecer la reveladora colaboración de algunos de los funcionarios que sí comparecieron.

La comisión entra en su recta final con los testimonios, este miércoles, de los máximos responsables del Montepío de la Minería, incluido el de su actual presidente, Juan José González Pulgar. Queda además por determinar si finalmente se suman a esta lista de comparecientes, a instancia de UPyD, los administradores del SOMA y Luis Gómez, ‘El Chino’, antiguo colaborador de Villa, a quien el ex presidente Juan Luis Rodríguez-Vigil relacionó con posibles anomalías en el polígono de Olloniego, obra financiada con fondos mineros.

“La lista de culpables”, un artículo de Juan Neira (El Comercio)

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