El Parque Nacional de Picos de Europa, a través de su actual Director, Mariano Torre Antón, aprobó este octubre, una resolución por la que se autorizan controles de población de lobos en el interior del espacio protegido. Los controles pretenden acabar con tres ejemplares en la zona cántabra del Parque (Tresviso, Cillorigo de Liébana y Camaleño), y en la asturiana del ayuntamiento de Cabrales.
La autorización del control poblacional tiene como objetivos la “reducción del exceso actual de ejemplares, la prevención y reducción de los daños a la ganadería, y evitación de la expansión de la especie a zonas declaradas como exentas de la misma en base a la normativa de aplicación”, para lo que dice haberse basado en una serie de datos e informes técnicos. Dado que ni los datos ni los informes aparecen en la autorización, los grupos conservacionistas han solicitado a la Dirección del Parque Nacional que los aporte, de forma que se pueda valorar si la autorización está suficientemente argumentada y motivada.
A su vez, la Dirección del Parque Nacional justifica la autorización de los controles de población de lobos ante las “importantes repercusiones” que los daños han supuesto a la ganadería en las zonas en las que se van a efectuar los controles. Sin embargo, la autorización no aporta dato alguno que permitan valorar el calibre de dichas repercusiones, por lo que los grupos conservacionistas han solicitado información sobre: a) la cuantía económica de los daños, b) el porcentaje de cabezas afectadas por los daños, c) el número de ganaderos afectados por daños, d) el porcentaje de afectados por daños en la zona, e) los efectos en la renta de los afectados, f) los subsidios a la ganadería recibidos por los afectados y g) el porcentaje de esos subsidios en la renta de los afectados.
Por último, la autorización contempla realizar controles mediante el uso de cebaderos y elementos de visión nocturna o de iluminación (métodos de captura prohibidos por ley), e incluso el uso de batidas. Además, contempla la posibilidad de emplear en los controles a locales no vinculado a la administración, y por tanto sin competencias ni capacidades jurídicas y profesionales contrastables para realizar operaciones de controles de población de animales salvajes. En este sentido, los grupos conservacionistas han solicitado a la Dirección del Parque Nacional los fundamentos legales en los que se han apoyado para autorizar tanto los métodos, como al personal que participa en los controles.
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