El Partido Animalista PACMA anuncia una queja formal contra la Fiscalía Superior del Principado de Asturias por oponerse a investigar la presunta utilización de informes técnicos falsos para autorizar la captura y muerte de lobos. La formación también compara la situación con el caso de Cantabria, donde altos cargos sí se sentarán en el banquillo.
El Partido Animalista PACMA ha anunciado la presentación de una queja formal contra la Fiscalía Superior del Principado de Asturias tras su informe contrario a la admisión a trámite de la querella interpuesta contra el consejero de Medio Rural y Política Agraria del Gobierno asturiano, Marcelino Marcos Líndez.
La formación política acusa al responsable autonómico de presuntos delitos de prevaricación y uso de peritos falsos en relación con las resoluciones administrativas que autorizan la captura y muerte de ejemplares de lobo ibérico en la región. Según PACMA, el Gobierno del Principado habría aportado en sede judicial informes técnicos “presuntamente falsos o inexactos” para justificar dichas actuaciones.
La Fiscalía considera que los hechos denunciados no presentan relevancia penal suficiente, al entender que posibles “errores o desaciertos” en informes periciales quedarían fuera del ámbito del Derecho Penal. Asimismo, no se pronuncia sobre la supuesta prevaricación denunciada por el partido animalista, que sostiene que las resoluciones aprobadas serían contrarias a la normativa nacional e internacional de protección de la especie, cuyo estado de conservación es desfavorable.
Desde PACMA rechazan esta interpretación y defienden que corresponde al Ministerio Fiscal promover la investigación de posibles delitos tipificados en el Código Penal, entre ellos la falsedad en informes periciales utilizados ante los tribunales y la prevaricación administrativa. La formación advierte de que considerar irrelevantes datos inexactos en este tipo de documentos podría abrir la puerta a una “impunidad absoluta” en decisiones que derivan en la muerte de ejemplares de una especie protegida.
En contraste, el partido recuerda que en Cantabria la Justicia ha actuado de forma distinta. El Juzgado de Instrucción nº 3 de Santander ha acordado incoar diligencias previas y citar como investigados a la consejera de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y Alimentación y al director general de Montes y Biodiversidad por presuntos delitos de falsedad documental y maltrato animal con agravante de muerte, en relación con el cupo de caza del lobo ibérico para la temporada 2025/2026.
PACMA enmarca sus acciones judiciales en Asturias, Cantabria y La Rioja en el contexto europeo. La Comisión Europea, en respuesta oficial de 8 de diciembre de 2025 a la pregunta parlamentaria E-003872/2025 sobre la caza del lobo como trofeo en La Rioja, recordó que los Estados miembros deben garantizar que cualquier explotación de la especie sea compatible con un estado de conservación favorable, conforme a la Directiva 92/43/CEE. Además, advirtió de que sin cuotas claras ni base científica suficiente no puede evaluarse el impacto real de la caza sobre la especie.
El partido concluye que no deben normalizarse decisiones administrativas irreversibles sustentadas en informes técnicos con posibles deficiencias y exige a jueces y fiscales el cumplimiento estricto de la normativa vigente para garantizar la protección del patrimonio natural y del lobo ibérico.
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