De acuerdo con la nueva Ley de Cambio Climático, Gijón está obligada a establecer una zona de bajas emisiones (ZBE), antes de 2023. En la guía técnica para la implementación de zonas de bajas emisiones, publicada por la FEMP, establece unas etapas de implementación de la misma. “Esto quiere decir que el Equipo de Gobierno no puede tomar estas decisiones por la bravas como nos tiene acostumbrados, sino que hay que seguir una serie de pasos marcados por la Federación Española de Municipios y Provincias” señaló Fernández Sarasola.

En este sentido, explicó que la guía técnica para la implantación de las ZBE publicada por la Federación Española de Municipios y Provincias marca unas etapas para su implantación y en la primera etapa de planificación marca la necesidad de: “aportar un estudio de opinión y de aceptación de medidas de restricción del vehículo privado. Se recomienda examinar mediante encuestas el conocimiento de la problemática ambiental por parte de la población, la percepción de los impactos personales y sociales de la ZBE entre la población, así como los posibles cambios de hábitos en movilidad debido a la implantación de la medida”.

Lo que vamos a evitar es que el equipo de Gobierno actúe de una manera lógica y racional, informándose primero y concienciando después. “Vamos a exigir que se lleven a acabo esas encuestas en el sentido que la guía contempla y se haga público el resultado de las mismas, para de acuerdo con ellas, seguir actuando” añadió.

“Vamos a estar vigilantes para que se cumplan todos los pasos. Si la ZBE es una obligación legal, vamos a intentar que, por una vez, una actuación municipal no se convierta en motivo de polémica ni conflicto” concluyó.

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