A su juicio, esta modificación debería hacerse de forma urgente para poder dar absoluta seguridad jurídica a los contribuyentes  y determinar con claridad cuánto se va ingresar el próximo año por este concepto para así no tener ningún problema a lo largo del ejercicio, toda una vez que la interventora municipal cuestiona en su informe sobre los presupuestos los ingresos que se prevén obtener por este impuesto el próximo año y que ascenderían 10,9 millones de euros, frente a los 11,8 que aparecían en el borrador presupuestario.

Además, señaló que esta reforma debería servir para suprimir el pago de la plusvalía por herencias, “si este impuesto es cuestionable de por sí, está claro que es una verdadera injusticia pretender seguir gravando el esfuerzo que muchos gijoneses han hecho a lo largo de su vida para poder comprar su vivienda habitual y que posiblemente sea la única herencia que deje a sus hijos. Una supresión que además de justa desde un punto de vista social es perfectamente asumible presupuestariamente al no suponer una recaudación significativa”.

A mayores, calificó el cobro de este impuesto en los casos de herencia contrario al espíritu de la nueva normativa al basarse exclusivamente en el valor catastral de la vivienda, “aquí no hay otra posibilidad al no haber habido ninguna venta”, además de ser completamente obsoleto y redundante con otros tributos, “ya que lo heredado se tributa ya en el IRPF además de en el impuesto de sucesiones y donaciones”.

Por último, reclamó al Gobierno no acudir al coeficiente máximo establecido sino calcular el coeficiente que sería más justo para la ciudad, asegurando que en ningún caso el contribuyente se verá obligado a pagar más que lo pagaría con la regulación anterior del tributo.

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