La Unión de Consumidores de Asturias ha logrado dos nuevas sentencias favorables contra Renault España Comercial S.A. y BMW Ibérica S.A. en el marco de las reclamaciones por el conocido cártel de los coches, que operó en España entre 2006 y 2013.
El Juzgado de lo Mercantil nº 4 y la Sección de lo Mercantil nº 2 de Oviedo han estimado las demandas colectivas presentadas por la organización, al considerar acreditado que ambas marcas aplicaron sobreprecios a sus clientes durante los años en que funcionó la práctica anticompetitiva.
Indemnizaciones de hasta 5.000 euros por vehículo
En el caso de Renault, 21 socios recuperarán un total de 40.173,53 euros, con indemnizaciones individuales que oscilan entre los 1.500 y los 3.000 euros.
En el procedimiento contra BMW, el juzgado ha estimado íntegramente la demanda y condenado a la marca a abonar el sobreprecio de adquisición de cada vehículo. Los 17 socios representados recuperarán 50.017,93 euros, con indemnizaciones medias que se sitúan entre los 2.500 y los 5.000 euros por afectado.
En ambos casos, las sentencias incluyen el abono de los intereses legales desde la fecha de compra y la imposición de las costas procesales a las marcas.
Estas resoluciones se suman a otras ya obtenidas contra Ford, Citroën, Peugeot y Honda, cuyos afectados ya están percibiendo sus respectivas indemnizaciones.
13 de marzo, fecha límite para reclamar
La Unión de Consumidores recuerda que el derecho a reclamar tiene un plazo legal que finaliza el 13 de marzo de 2026, fecha en la que se cumplen cinco años desde que el Tribunal Supremo confirmó las sanciones impuestas por la CNMC a los fabricantes implicados en el cártel.
Podrán reclamar quienes adquirieron un vehículo nuevo o KM-0 entre 2006 y 2013, siempre que inicien el procedimiento antes de esa fecha. Superado ese límite, el derecho a indemnización quedará extinguido.
En Asturias se estima que más de 140.000 personas resultaron afectadas por estas prácticas, aunque apenas un 2% ha iniciado ya el proceso de reclamación.
El cártel fue sancionado en 2015 tras acreditarse el intercambio de información sensible entre la mayoría de fabricantes para coordinar precios y condiciones de venta y posventa en España, lo que generó un perjuicio económico directo para los consumidores.
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