El Principado apuesta por mejorar la coordinación entre los centros de control oficial de la cadena alimentaria y desarrollar la red de laboratorios prevista en la Ley 17/2011, de Seguridad Alimentaria y Nutrición. La directoria de la Agencia de Sanidad Ambiental y Consumo, Rosa Urdiales, ha destacado hoy que el objetivo es compartir y fomentar la acreditación de los lugares de ensayo y métodos analíticos para una mayor seguridad.

Este ha sido uno de los asuntos analizados en la reunión del grupo norte de laboratorios que se celebra hoy en Oviedo y en el que participan cerca de 40 profesionales de las administraciones locales y autonómicas de seis comunidades. La jornada persigue planificar y coordinar la toma de muestras y los análisis que se desarrollan anualmente para que cumplan con la normativa europea. Así, los trabajos se han centrado en evaluar los resultados del pasado año y en establecer la programación para 2018, que incluye el número de muestras y las rutas de intercambio de las mismas que corresponden a cada comunidad, con el fin de optimizar al máximo los recursos.

El grupo norte de laboratorios surgió en 1994 para desarrollar el Plan Nacional de Investigación de Residuos y está integrado por Aragón, Navarra, La Rioja, País Vasco, Cantabria y Asturias. La experiencia adquirida en estos años ha permitido ampliar el área de trabajo a todos los ámbitos de la seguridad alimentaria.

En este sentido, y con el objetivo de cumplir con la normativa europea de los laboratorios encargados del control oficial de alimentos, cada uno de los integrantes se ha especializado en distintos métodos analíticos. Esto supone que cada centro pone a disposición del resto los procedimientos que tiene acreditados para cubrir el amplio abanico de pruebas que exige el seguimiento de la cadena agroalimentaria. De las más de 6.000 muestras que se recogen al año para el control de los productos, en torno al 50% son objeto de intercambio entre las seis comunidades.

El Laboratorio de Salud Pública del Principado procesó en 2016 un total de 3.949 muestras y realizó 25.648 análisis. En concreto, 1.814 muestras y 5.733 determinaciones analíticas correspondieron al ámbito de la seguridad alimentaria, mientras que 2.135 muestras y 19.915 análisis se ciñeron al ámbito de la sanidad ambiental.