Señoras y señores diputados, comparezco para iniciar el debate anual de orientación política general del Consejo de Gobierno.

Es la tercera vez que asumo este honor. En una legislatura reducida a un trienio, también será la última. En siete meses los asturianos decidirán quién ocupa este lugar y, lógicamente, no sé si volveré a ejercer esta responsabilidad. Comprendan por tanto que en esta intervención conceda tiempo a hacer balance.

Comprendan también, y en este ruego soy reiterativo, que no exponga una recopilación pormenorizada de la gestión del Gobierno. Sé que en otras ocasiones se acostumbraba esa práctica extensiva, pero prefiero ceñirme a las cuestiones angulares. Disculpen las lagunas que advertirán. Mañana es su turno, y en mis réplicas intentaré aclarar las dudas que planteen.

Vaya también por delante una precisión: para las elecciones queda, como dije, más de medio año. Las campañas tienen su tiempo, ya llegarán con el bombo y la gesticulación habituales. No quememos etapas: queda aún mucho por ocurrir y mucho por gobernar antes de sucumbir al trajín electoral.

Asumí la presidencia el 26 de mayo de 2012. Como afirmé en anteriores intervenciones, Asturias soportaba una doble crisis: la económica, general en España y en Europa, y la político institucional, que arreciaba específica sobre el Principado. La disolución del parlamento y la convocatoria anticipada de elecciones habían sido el colofón a un corto e intenso periodo de despropósitos derivado de la irresponsabilidad de la derecha, con un gobierno que asombró a propios y extraños con su capacidad para enfrentarse con todos y con todo lo que se le pusiera por delante.

Hablé entonces de recuperar la normalidad. Es curioso que la invocación de una palabra tan modesta haya incomodado tanto. Insisto: Asturias necesitaba sosiego para que las instituciones funcionasen a favor de los ciudadanos. Bastantes estragos causaba la crisis como para que los responsables políticos multiplicaran los daños añadiendo tensión e incompetencia. Recordarán que el ministro de Hacienda había amenazado con la intervención económica.

 

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