Les agradezco que me hayan invitado a compartir unos minutos con ustedes. Les felicito por el acierto de estas jornadas, que ya cumplen su décimo sexta edición. Espero que quienes han venido de otras comunidades hayan podido disfrutar de su estancia en Asturias.

Mi agradecimiento no es sólo protocolario. Al invitarme, también me han dado la oportunidad de compartir algunas reflexiones que, creo, responden a los criterios de oportunidad y conveniencia, que dirían ustedes.

Como saben de memoria, el Consejo Consultivo es un órgano auxiliar del Principado, al igual que la Sindicatura de Cuentas. Ambos fueron incluidos expresamente en nuestro Estatuto de Autonomía a partir de su tercera reforma, la más importante, aprobada, como corresponde, en la ley orgánica 1/99, de 5 de enero. Un lustro después, el parlamento asturiano aprobó la ley de creación del Consultivo (ley 1/2004, de 21 de octubre).

No se inquieten, que ni les voy a hablar sólo de Asturias ni les aburriré con los detalles de un itinerario normativo que ustedes conocen de sobra hasta en los pormenores. Lo que se hizo en nuestra comunidad no fue una anomalía ni una extravagancia; otros Estatutos siguieron derroteros similares. El propósito básico de la reforma autonómica que les cité era reducir la brecha competencial que diferenciaba a las comunidades que habían accedido a su autogobierno por el artículo 151 de las que, como Asturias, lo habían hecho por el artículo 143. Dentro del mismo objetivo se inscribía el desarrollo de la arquitectura institucional.

No cuestiono que uno de los motores de esta reforma haya sido la emulación. Bastante estudiada en economía en cuestiones de renta, también debería subrayarse su relevancia en múltiples decisiones políticas. Cuando Manuel Clavero Arévalo propuso el “café para todos” (conviene recordarlo ahora que parece que la cafetera ya no da para más) estaba aceptando que la evolución autonómica tenía mucho que ver con la fuerza de la emulación.

Pero ahora no quiero incidir en ese aspecto. El periplo legislativo que les acabo de resumir –primero, propuesta de reforma del Estatuto; después, ratificación por ley orgánica; más tarde, redacción y aprobación de la ley del Consultivo- involucra al parlamento del Principado y a las Cortes Generales. Merece recordarse, tanto como el hecho de que todos estos pasos fueron soportados por un amplio consenso parlamentario. Sí, conviene recalcarlo, aquí no estamos hablando de la pulsión reformista de una fuerza política arrebatada, desbocada, sino de un amplio acuerdo.

¿Qué ocurre desde un tiempo a esta parte? Es algo que ya he procurado describir en otras ocasiones. Lo intento de nuevo. Al calor de la crisis se incuba un discurso que culpa de la recesión, digamos que a un vivir lujoso y despilfarrador, de nuevos ricos empeñados en tirar la casa por la ventana. Se dijo, literalmente, que habíamos construido un Estado que no nos podemos permitir, y, encima, adiposo, sobrado de grasa superflua. Reitero: no me invento las expresiones; son palabras que se  han pronunciado con toda alegría. En una especie de batidora, ahí metieron de todo: desde el número de parlamentarios autonómicos a las prestaciones sociales, los servicios públicos y, cómo no, instituciones tales como los órganos de control externo y los consejos consultivos.

Quienes se apuntaban, ufanos, a ese discurso estaban jugando con fuego: arrimaban yesca a la causa general contra las instituciones y, no exagero, contra la democracia representativa misma (ustedes recordarán el grito, un punto nihilista, de “no nos representan”, dirigido a los diputados de las Cortes), como si pudiera haber política sin representación.

El problema es que ese discurso prendió, tuvo éxito y algunas fuerzas políticas se subieron con entusiasmo al carro de la deslegitimación. Volvía a operar la emulación, pero en sentido inverso: los mismos que hace pocos años apoyaron con su voto, se supone que razonado, la creación de nuevas instituciones, ahora se apuntaban a su supresión. Tanta frivolidad ya está dando frutos electorales.

Ustedes saben que las instituciones necesitan tiempos casi geológicos para asentarse, no pueden estar al vaivén de las coyunturas. Ni las instituciones ni las leyes  que, como se acostumbra a decir, fijan las reglas del juego, deben quedar prendidas por alfileres: necesitan estar cimentadas sobre consensos sólidos que garanticen su supervivencia, su estabilidad A veces, viendo algunas actitudes en la política asturiana, no puedo dejar de recordar a los niños que van cambiando las reglas del partido de fútbol del recreo sobre la marcha, en función de cómo les conviene: ahora se puede jugar con la mano, ahora sí vale salir del campo, ahora no. Convendrán que al hablar de instituciones y de leyes básicas esto resulta, cuando menos, muy poco serio. El colmo es que defender la estabilidad de las reglas de juego y rechazar el oportunismo sea considerado poco democrático. Pues hasta ahí llega la perversión o la incapacidad de análisis. Adelanto que mi gobierno no va a cambiar de criterio es este punto.

Déjenme matizar, por si acaso alguien coge el rábano por las hojas. Soy partidario decidido de muchas reformas, incluida, por citar la más importante, la de la Constitución, pero nunca se me pasaría por la cabeza emprenderla sin contar con el respaldo de los grupos mayoritarios. Si en otro tiempo se dijo “de la ley a la ley”, yo abogo por ir “del consenso al consenso”, sin que por eso sienta que haya caído en trampa alguna.

Éstas eran algunas de las inquietudes que, de manera un tanto apresurada, quería exponerles. La existencia de frenos y contrapesos es un viejo requisito de las democracias; suprimirlos con la excusa de aligerar lastre es también una tentación propia de todos los gobiernos. Pero quienes gobernamos tenemos que acostumbrarnos a convivir con una cuota importante de incomodidad necesaria. El comportamiento pendular que desemboca en instituciones de quita y pon es indeseable y cuestiona la propia capacidad del legislador para tomar decisiones razonadas, bien fundamentadas.

Ya concluyo. Hace dos años aseguré que mi gobierno recurriría “preceptiva, voluntaria y, llegado el caso, ávidamente” al criterio del Consejo Consultivo del Principado. No me equivoqué. Lo hemos hecho a menudo y seguiremos haciéndolo porque, como debe ser, nos sentimos auxiliados con la seriedad y la buena trabazón jurídica de sus dictámenes Al final, no hay mejor argumento legitimador de una institución que la constancia y consistencia de su buen trabajo.

A todos sus integrantes y, en especial, a su presidente, muchas gracias por ello.

A todos ustedes, muchas gracias por haberme permitido acompañarles.