Ripa, que ha calificado estos hechos como “una absoluta vergüenza”, se ha felicitado de que “por fin, tras diez años, se haya conseguido una condena. Diez años ha costado que esta presunta corrupción llegase a una condena, primero no firme en Asturies y finalmente a una condena en el Supremo. Durante estos diez años hemos visto, por un lado, a un Gobierno asturiano que sistemáticamente se ha puesto del lado de los acusados y no del lado de la Justicia. Solo así se explica la falta de medios en los juzgados, que el informe de valoración de daños se entregase fuera de plazo y que haya una parte del dinero no se va a poder recuperar. Solo así se explican las respuestas que sistemáticamente daban los miembros del Gobierno asturiano, diciendo que lo único que hacíamos desde Podemos era lanzar basura sobre el procedimiento. Esto decían hace unos meses cuando el Gobierno asturiano no solicitó la entrada en prisión de los acusados sino que sistemáticamente se puso del lado de estos”.

En ese sentido, el secretario general de la formación ha incidido en que “cuando Podemos Asturies asumió e impulsó la parte final del procedimiento (la primera fue impulsada por el Bloque por Asturies), el Ejecutivo asturiano estaba negociando un pacto para evitar el ingreso en prisión de los acusados. Cuando entramos, aportamos documentación y presión social, teniendo en cuenta el simbolismo que implicaba el hecho de que por primera vez se iba a hacer justicia. Ha sido un proceso muy largo pero hemos ganado, ha ganado la ciudadanía asturiana que demandaba justicia. Sentimos alegría porque por fin se hace justicia con la corrupción a instancias de la ciudadanía y no del Gobierno”.

“Esta condena avala nuestras tesis: desde Podemos decíamos que no era un caso aislado, sino que existía un sistema estructural que favorecía la corrupción. Esto lo dice textualmente la sentencia: dice que había un sistema corrompido hasta el fondo que afectaba a varias consejerías del Gobierno asturiano, que permitió inflar los precios y que determinadas personas obtuvieran beneficios. No eran dos o tres corruptos sino que era un sistema estructural del Gobierno que permitió la corrupción: la administración de Vicente Álvarez Areces y posteriormente la administración de Javier Fernández”.

Ripa ha solicitado “el ingreso inmediato en prisión de los ya condenados por corrupción y ha exigido al Gobierno de Adrián Barbón “que haga exactamente lo mismo” porque «existe riesgo de fuga». En ese sentido, ha recordado que “el Ejecutivo asturiano, que es acusación y afectado, no solicitó la entrada en prisión cuando los investigados fueron condenados en Asturies”. Por ello, ha añadido, “lo que ahora debe hacer Barbón es pedir a los servicios jurídicos que soliciten, en cuanto sea posible, el ingreso en prisión de los condenados”. Asimismo, ha exigido “la recuperación del dinero, hasta el último euro, de lo robado. Dinero que en parte, hasta diez millones de euros, no se podrá recuperar porque el Ejecutivo asturiano entregó el informe requerido una vez cerrado el plazo en un procedimiento actualmente abierto y en el que está personado el Observatoriu Ciudadanu Anticorrupción d’Asturies”.

El también diputado confía en que esta sea “la primera de una serie de victorias judiciales” y ha advertido que “en esta legislatura puede darse un aluvión de condenas por corrupción: caso Musel, caso Hulla, caso de los fondos de formación, caso Gitpa… Casos que seguimos denunciando y ante los cuales han mirado para otro lado los Gobiernos de Álvarez Areces y Javier Fernández y, hasta la fecha, el Gobierno de Adrián Barbón”.

Rafael Palacios, actual diputado de Podemos Asturies y miembro del Bloque por Asturies cuando esta formación se personó en el caso como acusación particular hace diez años, ha subrayado que “el que roba es un corrupto pero quien calla o lo silencia es cómplice y responsable”. En ese sentido, ha explicado que “personalmente, durante diez años, sin representación política durante algunos que pasé en la emigración, no dejaban de martillearme la cabeza aquellas palabras que tuve que escuchar a Ana Rosa Migoya, cuando dijo que ‘la ciudadanía asturiana iba a poner a cada uno en el lugar que le corresponde’. Hoy, después de la sentencia, puedo por fin decir que así fue. Cada uno en su lugar. Migoya fuera de la política, algunos de los que ella tapó, calló o silencio, espero que pronto en la cárcel, y nosotras en este momento en el Parlamento asturiano”.

“No voy a decir que estemos contentos porque pensemos que ya se cumplió o que están todos los que deberían estar. Sufrimos muchas descalificaciones, insultos, presiones, mucha soledad. Fuimos, en aquel momento y ahora, la única organización política que se personó y que siguió en este juicio hasta el final. Sin embargo, pienso que esa justicia se completará cuando devuelvan todo el dinero, porque ese dinero es necesario. La corrupción no es solo un tema ético o moral, es también un tema económico. Con el dinero que robaron podríamos hacer gratuito el ciclo de cero a tres años, o la universidad, o implementar políticas activas de empleo para la juventud o para los parados y paradas de larga duración”.

Palacios ha expresado que “no hago responsable de la corrupción ni a la política ni al sindicalismo ni a las empresas; pero sí hago responsable a estos aparatos políticos, sindicales y empresariales que llevan décadas en Asturies enriqueciéndose, aprovechándose, silenciando o tapando la corrupción” y ha hecho un llamamiento a las fuerzas políticas y sindicales y a la sociedad asturiana “para luchar frontalmente contra la corrupción porque no solamente roban dinero, sino que llevan décadas robando el futuro de Asturies”.

Alberto Suárez, abogado de Podemos Asturies, ha explicado que “las dilaciones que el Supremo apreció (en las que se basan las reducciones de condena) se deben exclusivamente a que faltan medios para investigar la corrupción, ya que los funcionarios, los jueces y los fiscales anticorrupción están desbordados”. Ha valorado positivamente que “el Supremo haya concluido que las costas estén a favor de la acusación popular, porque nuestra actuación fue decisiva dentro del procedimiento, como reconoce también la sentencia” y ha advertido que “a partir de ahora estaremos atentos para que las condenas se cumplan lo más pronto posible. La pelota está en el tejado de la Audiencia Provincial que debe decidir si acuerda la entrada en prisión de los acusados”.