La Junta pide a la Sindicatura que fiscalice contratos contenidos en el dictamen del ‘Caso Marea’.

La Junta General ha aprobado hoy trasladar a la Sindicatura de Cuentas para su fiscalización varios contratos vinculados al “caso Marea” tal y como pedía el dictamen de la comisión parlamentaria que investigó la presunta trama de corrupción aún pendiente de que concluya el proceso judicial abierto. La iniciativa ha sido aprobada con el respaldo de Foro, PP, IU y UPyD, los mismos grupos que aprobaron el dictamen, y el voto en contra del PSOE tras constatar que el Gobierno no había remitido al órgano fiscalizador del Principado dichos contratos.

En concreto, la iniciativa pide a la Sindicatura que fiscalice una serie de contratos y que haga una auditoría de regularidad sobre la contratación realizada por las empresas vinculadas a Igrafo y APSA (Almacenes Pumarín) entre 2003 y 2010 en relación con los procedimientos de contratación menor, negociados sin publicidad y contratación homologada. Asimismo, plantea fiscalizar la contratación realizada por el Instituto de Desarrollo Económico (IDEPA) con APSA para amueblar la sede de la Fundación para el Fomento en Asturias de la Investigación Científica Aplicada y la Tecnología (Ficyt) y los suscritos entre la Consejería de Sanidad y el grupo empresarial La Productora.

El diputado de UPyD, Ignacio Prendes, ha advertido de que el dictamen “no es un simple trago a pasar” sino “un mandato a las instituciones y una verdadera hoja de ruta” para un gobierno que se ha “parapetado tras el procedimiento judicial en curso” sobre el caso “más grave” de corrupción ocurrido en Asturias“. Prendes ha argumentado la pertinencia de la petición de informe a la Sindicatura señalando que “las instituciones se prestigian utilizándolas para lo que son objeto y no mirando para otro lado”.

Ignacio Prendes: ”Las instituciones no se prestigian permitiéndoles que miren para otro lado”

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