Álvarez-Cascos: “Sr. Fernández, sus desatinos no pueden recaer sobre los bolsillos de los asturianos, como ocurrió con las 28 sentencias contra TPA, o las incontables sentencias por cesión ilegal de trabajadores que costarán 600.000 €”

“Erró en su argumentación. El TCRC no dicta sentencias porque es un órgano del Ministerio de Hacienda dirigido por Montoro, el ministro que iba a mandar a los hombres de negro de Asturias”

“El Principado se enfrenta a dos demandas contencioso-administrativas, que constituyen un aperitivo obligado para depurar la conducta de su Gobierno, que despide el inconfundible aroma de prevaricación”

En la mañana de hoy, el Presidente de FORO, Francisco Álvarez-Cascos, en el turno de Preguntas al Presidente del Pleno de la Junta General del Principado de Asturias formuló la siguiente:

“¿Asume el Presidente del Principado las responsabilidades que se deriven de confundir una resolución del Tribunal Central de Recursos Contractuales, que es un órgano administrativo, no jurisdiccional, adscrito al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, con una sentencia de un Tribunal de Justicia?”.

Y a continuación, realizó la siguiente réplica:

 

“Le dije el 21 de noviembre desde este mismo escaño que Vd. se caracteriza por un proceder arbitrario propio de otras épocas y de otras latitudes, que repugna a todos los que creemos en el Estado de Derecho y no  comulgamos con las ruedas de molino que fabrica y lanza usted por boca de ganso, a través de La Nueva España.

 

Vd. justificó los actos, y está en el diario de sesiones, de la Consejería de Educación contra un diputado declarado compatible por toda esta Cámara, y contra su empresa, cito sus plabras ‘sentencia de marzo del Tribunal Superior Administrativo de Recursos Contractuales” y lo calificó de “una bomba de relojería bajo sus posaderas’, son frases suyas.

 

Pero Vd. erró en su argumentación. El Tribunal Central de Recursos Contractuales no dicta sentencias porque es un órgano administrativo, no judicial, adscrito al Ministerio de Hacienda dirigido por el señor Montoro, el ministro que iba a mandar los hombres de negro a Asturias; el ministro que mintió al anunciar una actuación de la que no existe rastro alguno en la Abogacía General del Estado ni en la Intervención General del Estado, no existe rastro alguno.

 

Déjeme indicarle que los Tribunales Económicos-Administrativos, equivalentes al Tribunal de Recursos Contractuales e integrados también en el Ministerio de Hacienda, en los que se ha inspirado la creación de éste, son los garantes de vestir y fundamentar las resoluciones previas de la Hacienda estatal. De aquí que los mayores expertos tributarios de nuestro país aboguen por su supresión, o por su mantenimiento con carácter voluntario para el contribuyente, dadas sus escasas garantías e imparcialidad. ¿Y a esa organización dependiente del Ministro de Hacienda, el Presidente del Principado pretender fiar su agresión a un diputado?

 

Me importa mucho menos la ignorancia de los colaboradores que le preparan tan malos papeles que las consecuencias para los asturianos de su comportamiento para intentar eliminar a la oposición incompatibilizando arbitrariamente a ciudadanos intachables y vetando la actividad de empresarios esforzados.

 

Estas agresiones cometidas por Vd. y su camarilla contra cualquier diputado o diputada de esta Cámara atenta, además, contra el derecho a participar en la vida pública y convierte sus acciones y las de su Gobierno en una seria amenaza para la convivencia asturiana.

 

Cuando las barbas del vecino veas cortar, pon las tuyas a remojar, dice el dicho popular. Su socio de tropelías, La Nueva España, acaba de perder con costas el primer juicio civil. Un juzgado obligó el pasado 28 de enero a La Nueva España a publicar esta semana, el martes 10 de febrero, una detallada rectificación exigida por José Antonio Martínez. Quedan otros dos juicios civiles, usted no ha rectificado nada todavía.

 

El Principado se enfrenta, de momento, a dos demandas contencioso-administrativas, que constituyen un aperitivo obligado para depurar la conducta de su Gobierno que, como le dije hace tres meses, despide el inconfundible aroma de la prevaricación al cometer unas injusticias a sabiendas, sin el amparo de resoluciones judiciales en las que Vd. intentó justificarse. No hay sentencias, hay resoluciones administrativas.

 

La pregunta es clara. Se ciernen sobre su Gobierno un rosario de sentencias judiciales; no de resoluciones administrativas; de sentencias judiciales. Por eso le pregunto directamente si asumirá Vd. las responsabilidades políticas y económicas de unas sentencias judiciales. Sus desatinos no pueden recaer sobre los hombros ni sobre los bolsillos de los asturianos, como ya ocurrió hace dos años con las 28 sentencias contra la TPA que Vd. ocultó en su día a esta Cámara, citó una y ocultó 28, o las incontables sentencias también contra TPA por cesión ilegal de trabajadores que costará 600.000 € a todos los asturianos.

 

Muchas gracias”.