La plataforma vecinal Salvemos Peñamayor ha vuelto a denunciar la falta de cambios en la gestión minera del Principado tras el relevo en la Dirección General de Energía y Minería y en la Consejería de Ciencia, Industria y Empleo. El colectivo sostiene que el actual director general, Javier Cueli, y el consejero Borja Sánchez mantienen la misma línea de actuación que sus predecesoras respecto al permiso de investigación minera Astur A, que afecta a la sierra de Peñamayor.
Tras más de un año de movilizaciones, la plataforma considera que la administración continúa respaldando la vigencia del permiso pese a la oposición vecinal, los informes técnicos municipales y los acuerdos plenarios aprobados en varios ayuntamientos. En este contexto, han anunciado una concentración este martes, a las 11:30 horas, ante la Junta General del Principado para reclamar la aplicación estricta de la normativa minera y la caducidad del permiso.
Astur A fue concedido durante la etapa de Belarmina Díaz a la empresa británica Technology Minerals, que constituyó la filial Asturmet para su desarrollo. El ámbito del permiso se extiende sobre unas 23.000 hectáreas repartidas entre los concejos de Peñamayor, Piloña y el Aramo.
Según la plataforma, el proyecto incumple la Ley de Minas y su reglamento al no ejecutar los trabajos previstos ni disponer de las autorizaciones necesarias para ocupar los terrenos. A pesar de ello, denuncian que la Dirección General de Minas descarta iniciar un expediente de caducidad y justifica su postura señalando que hacerlo obligaría a revisar otros permisos de investigación vigentes en Asturias.
A la oposición social se han sumado los ayuntamientos afectados. El pleno del Bimenes aprobó el pasado 29 de diciembre de 2025 solicitar formalmente la caducidad del permiso, en línea con lo acordado anteriormente por Laviana. Ambos acuerdos se apoyan en informes técnicos que concluyen que la normativa urbanística municipal impide la realización de los trabajos en suelos de especial protección.
La plataforma también critica que la administración contemple la posibilidad de aceptar un segundo plan de labores sin que se haya cumplido el primero, una práctica que, a su juicio, favorece la especulación con el territorio y prolonga la incertidumbre en la zona. Señalan además la falta de información concreta sobre qué actuaciones se pretenden realizar, en qué plazos y con qué autorizaciones.
Salvemos Peñamayor sostiene que mantener activo el permiso Astur A, pese al rechazo social y a las limitaciones legales existentes, tiene implicaciones que van más allá de una cuestión administrativa y reclaman a la Junta General del Principado que se pronuncie sobre un conflicto que afecta directamente a la gestión del territorio y a la credibilidad de las instituciones públicas.
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