El Gobierno del Principado ha incrementado un 58,3 por ciento las partidas destinadas a la asistencia jurídica gratuita desde que asumió las competencias de justicia, en enero de 2007. En 2013, la administración autonómica abonó 5.197.637 euros para sufragar los 25.816 asuntos de asistencia gratuita que tramitaron los juzgados asturianos, y de los cuales un 58% correspondió al turno de oficio, un 39% a la asistencia a detenidos y el 3% restante, a supuestos de violencia de género. El consejero de Presidencia, Guillermo Martínez, ha dado a conocer estos datos esta tarde ante el pleno de la Junta General del Principado.

La financiación de la asistencia letrada gratuita se ha convertido para el Gobierno de Asturias en un asunto de máxima relevancia, dado que afecta a un 4,27 por ciento de la población asturiana. En los dos últimos años se ha hecho un esfuerzo notable para garantizar recursos suficientes. Así, en el proyecto de presupuestos de 2014 se materializaba un incremento de un 28,91% en las subvenciones a los cuatro colegios profesionales de abogados y procuradores de Oviedo y Gijón para la justicia gratuita, pasando de 3.801.064 euros a 4.900.000. Y dicho incremento se ha mantenido, a pesar de la actual coyuntura de prórroga presupuestaria. A este respecto, el consejero ha anunciado en la Junta que el Gobierno asturiano “ha iniciado el expediente de modificación de crédito para dotar la partida presupuestaria correspondiente para subvenir los abonos con cargo al vigente presupuesto prorrogado”.

Y ayer mismo, tal y como ha recordado Guillermo Martínez, el Consejo de Gobierno aprobó la autorización para atender el pago de 1.581.290,97 euros a los colegios de abogados y procuradores de Oviedo y Gijón, correspondientes los servicios de justicia gratuita del primer trimestre de este año.

La financiación de los servicios de asistencia jurídica gratuita se realiza a través de un sistema de subvenciones. Así, es la Consejería de Presidencia, competente en materia de justicia, la que sufraga el beneficio de asistencia jurídica gratuita a los profesionales, a través de sus colegios. Trimestralmente y dentro del mes natural siguiente, los colegios profesionales de abogados y procuradores de Oviedo y Gijón solicitan la subvención por una cuantía concreta, incluyendo las retribuciones de los profesionales generadas durante el periodo anterior y los gastos de gestión.

La puesta al día de esta subvención que retribuye a abogados y procuradores pone de manifiesto que la consideración de la administración de justicia como un servicio público esencial en un Estado de Derecho es un objetivo irrenunciable para el Gobierno de Asturias. Mucho más en un momento en el que el Ejecutivo central ha impuesto una Ley de Tasas que dificulta el acceso a las prestaciones judiciales gratuitas a los ciudadanos con rentas más bajas.

El consejero ha criticado el modelo de tasas implantado por el Ministerio de Justicia: “La reforma no ha cumplido las expectativas del Gobierno, y, con el aumento de los umbrales para tener derecho a la asistencia jurídica gratuita, ha añadido un elemento más de disminución en los ingresos provenientes de las tasas. Si a eso añadimos que el Gobierno de España no puso en marcha la vinculación de las tasas a la asistencia jurídica gratuita, esto supuso la inexistencia de ingresos adicionales, inicialmente previstos, con los que Estado pretendía financiar a las Comunidades Autónomas”.

Esto se ha traducido en un mayor coste con cargo al presupuesto de las comunidades autónomas que, como Asturias, tienen transferidas las competencias de justicia. “Concretamente”, ha añadido el consejero, “en base a las estimaciones que se habían realizado en el grupo de trabajo con el Ministerio de Justicia suponían aproximadamente la financiación de un trimestre, ni más ni menos que una cuantía próxima al millón de euros en aquel momento”.

El consejero de Presidencia también se ha referido a la necesidad de garantizar una prestación sostenible y de calidad en el turno de oficio. Y ha recordado, en este sentido, que el Principado ha mantenido las tarifas para esta asistencia y, a su vez, ha aplicado mejoras telemáticas en la tramitación, lo que permitirá manejar los expedientes en soporte digital: “Ya es efectiva la implantación del expediente electrónico en el ámbito del Colegio de Abogados de Gijón y está en fase de implantación en el Colegio de Oviedo”, ha apostillado Martínez.